La Ciudad de México busca establecer una ruta de desarrollo que trascienda los cambios de gobierno. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) aprobó el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, instrumento que plantea una visión de largo plazo para atender los principales desafíos sociales, económicos, ambientales y territoriales de la capital.

El documento será entregado al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y eventual aprobación. Brugada sostuvo que se trata de un paso histórico para hacer realidad el Sistema de Planeación Democrática establecido en la Constitución local y evitar que las prioridades de desarrollo queden sujetas exclusivamente a los periodos de seis años de cada administración.

Una consulta amplia, 22 líneas de transformación

La mandataria destacó que el proyecto fue enriquecido mediante seis meses de consulta pública, con la participación de 646 mil personas en talleres, foros, reuniones y conversatorios. También se desarrolló un proceso de consulta libre, previa e informada con 84 pueblos, 44 barrios originarios, 75 comunidades indígenas y 12 organizaciones afrodescendientes. Según Brugada, las aportaciones ciudadanas ampliaron casi 30 por ciento las líneas estratégicas del documento.

El PGD está organizado en 22 líneas de transformación que abarcan desde democracia, justicia, cuidados, salud, igualdad de género y derechos culturales, hasta vivienda, agua, movilidad, seguridad, sustentabilidad y desarrollo económico. Entre sus objetivos más ambiciosos figuran garantizar un Centro de Cuidado Infantil a menos de 15 minutos de cada hogar, electrificar el transporte público, avanzar hacia una economía circular y asegurar que ninguna colonia carezca de servicios básicos.

La titular del IPDP, Patricia Ramírez Kuri, explicó que el plan busca orientar las políticas públicas y el gasto gubernamental. Su cumplimiento será obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Esto significa que las dependencias capitalinas y las alcaldías deberán alinear sus programas, proyectos y presupuestos con los objetivos establecidos.

El reto: pasar del documento a las calles

Sin embargo, la revisión del proyecto de 88 páginas permite identificar una de las principales interrogantes de esta apuesta: ¿cómo se traducirán sus objetivos generales en acciones concretas, medibles y verificables en cada territorio?

El documento contempla estrategias de corto, mediano y largo plazo, además de indicadores con líneas base y metas. También plantea un Sistema de Indicadores coordinado por el IPDP, con información pública y evaluaciones periódicas junto con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. No obstante, la periodicidad de seguimiento podrá variar entre uno y diez años, dependiendo del indicador. La pregunta será si estos mecanismos permitirán detectar oportunamente los rezagos o si algunas metas permanecerán demasiado tiempo sin una revisión efectiva.

Otro punto que merece atención es el financiamiento. El proyecto establece seis principios presupuestarios, entre ellos la inversión pública sostenible, el fortalecimiento de los ingresos locales, la equidad territorial y el fortalecimiento presupuestal de las alcaldías. Incluso señala que el IPDP analizará la congruencia entre el gasto y los objetivos del plan. Pero no basta con establecer que los presupuestos deberán alinearse: ¿qué ocurrirá cuando las prioridades del PGD compitan por recursos limitados?, ¿cómo se determinará qué proyectos reciben financiamiento y cuáles deberán esperar?

La coordinación institucional representa otro desafío. El documento distribuye responsabilidades entre secretarías, alcaldías, Jefatura de Gobierno y autoridades federales, además de reconocer la participación de organizaciones sociales y comunidades. Sin embargo, la ejecución de una estrategia que atraviesa prácticamente todas las áreas de gobierno requiere mecanismos claros para evitar duplicidades, conflictos de atribuciones y programas que avancen de manera aislada. ¿Quién tendrá la responsabilidad de intervenir cuando una dependencia o alcaldía no cumpla con los compromisos establecidos?

La desigualdad territorial como prueba del plan

Una de las apuestas centrales es reducir las brechas entre el oriente y poniente, así como entre el centro, norte y sur de la capital. El proyecto reconoce que la distribución de infraestructura y servicios públicos es desigual y plantea avanzar hacia una ciudad policéntrica, con equipamientos y oportunidades más cercanas a la población.

Esta orientación tendrá que reflejarse en decisiones concretas sobre vivienda, transporte, agua, espacios públicos y servicios de cuidado. No será suficiente con establecer metas generales de cobertura: será necesario identificar qué colonias y pueblos presentan mayores carencias, cuánto costará atenderlas y en qué plazos se reducirá la desigualdad. ¿Cómo se garantizará que las zonas históricamente relegadas reciban una proporción efectiva de la inversión pública y no solamente aparezcan como prioridad en el diagnóstico?

También queda pendiente conocer cómo se vincularán los objetivos del PGD con los instrumentos que deberán desarrollarse posteriormente, particularmente el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el Programa General de Gobierno y los programas sectoriales. La relación entre estos documentos será determinante para evitar contradicciones entre la visión de largo plazo y las decisiones cotidianas sobre el crecimiento urbano, los usos del suelo y la distribución de infraestructura.

El propio proyecto reconoce que el plan deberá someterse a evaluaciones periódicas, actualizarse ante cambios significativos y mantener mecanismos de participación ciudadana. Esta disposición abre otra discusión: ¿qué capacidad tendrán los habitantes para exigir correcciones cuando las metas no se cumplan?, ¿los resultados de las evaluaciones podrán modificar efectivamente las prioridades presupuestarias y las decisiones de gobierno?

Veinte años que requieren continuidad

Durante la presentación, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, definió el PGD como un acuerdo social que articula objetivos de bienestar, cuidados, igualdad sustantiva, sustentabilidad y prosperidad compartida. Por su parte, la investigadora de la UNAM Lucía Álvarez destacó el valor de incorporar distintas perspectivas sociales en la construcción de una visión integral de ciudad.

Brugada llamó al Congreso capitalino a discutir el proyecto con pluralidad y evitar que las diferencias políticas comprometan la planeación de las próximas dos décadas. Su aprobación, sin embargo, será apenas el comienzo de un proceso cuya verdadera dimensión se medirá en la capacidad de las siguientes administraciones para sostener los compromisos, asignar recursos y rendir cuentas.

El PGD plantea una ambición importante: que la Ciudad de México deje de resolver sus problemas de manera fragmentada y construya una política de desarrollo con continuidad. Pero entre imaginar la ciudad de 2045 y transformar las condiciones de vida actuales existe una distancia que deberá cubrirse con presupuestos, instituciones responsables, indicadores transparentes y participación efectiva. La pregunta de fondo no será solamente qué ciudad quiere construir la capital, sino qué mecanismos garantizarán que esa visión sobreviva a los gobiernos que tendrán que hacerla realidad. Asimismo, se debe ccomprobar la viabilidad financiera y la precisión operativa de cada compromiso.