La Ciudad de México registró 19 mil 463 carpetas de investigación por amenazas entre enero y septiembre de 2026, un delito que mantiene una tendencia al alza pese a las reducciones reportadas en otros ilícitos de alto impacto. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), retomadas por Reporte Índigo, las investigaciones pasaron de mil 490 en enero a 2 mil 573 en septiembre, lo que representa un incremento de 72% durante ese periodo.

Un delito que enfrenta obstáculos para llegar a la justicia

El aumento contrasta con la disminución de otros delitos, como el homicidio, cuya incidencia se ha reducido más de 50% desde 2019, según cifras oficiales citadas en la información. Sin embargo, las amenazas siguen representando un reto para las autoridades capitalinas, no solo por el número de carpetas abiertas, sino también por las dificultades para denunciar, acreditar los hechos y lograr que las investigaciones avancen.

El especialista en seguridad Alejandro Martínez Serrano, académico de La Salle y docente de la UNAM, señala que este delito presenta una importante cifra negra, es decir, casos que no llegan a denunciarse formalmente. Entre los obstáculos se encuentran la dificultad para reunir pruebas, la falta de mecanismos accesibles para presentar denuncias y el riesgo de que los expedientes queden estancados o los responsables no enfrenten consecuencias.

Reformas endurecieron las sanciones por amenazas

En noviembre de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas para endurecer las sanciones por este delito. De acuerdo con la información publicada por Reporte Índigo, las penas pueden triplicarse cuando las amenazas involucran armas de fuego, sustancias peligrosas como ácido o la simulación de pertenencia a grupos criminales. También se contemplan agravantes por el uso de redes sociales y medios electrónicos, explosivos o intimidación contra personas que participan en un proceso penal.

El artículo 209 del Código Penal de la Ciudad de México establece sanciones por amenazar con causar daño a una persona, su honor, bienes o derechos, así como a alguien con quien mantenga un vínculo. Según la nota, las penas contempladas van de tres meses a un año de prisión y de 90 a 360 días de multa, sin perjuicio de las agravantes aplicables. No obstante, el endurecimiento de las sanciones convive con las dificultades para documentar los casos y llevarlos ante la justicia.

Facilitar las denuncias, otro desafío para la capital

Ante este panorama, Martínez Serrano plantea que las autoridades deben facilitar la presentación de denuncias mediante herramientas tecnológicas y opciones de atención más accesibles para la ciudadanía. La propuesta busca reducir las barreras que impiden reportar las amenazas y favorecer que los casos puedan investigarse con mayor agilidad.

El incremento de las carpetas de investigación abre así una discusión sobre el alcance de la estrategia de seguridad en la capital: mientras las autoridades reportan avances en delitos como el homicidio, las amenazas acumulan miles de investigaciones y mantienen obstáculos para su atención judicial. Las cifras disponibles muestran el crecimiento de los casos registrados, aunque no permiten determinar por sí solas cuántas amenazas ocurren realmente ni cuántas terminan en sanciones.