La seguridad en las cárceles de la Ciudad de México abrió un nuevo frente de discrepancia entre las autoridades capitalinas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Mientras el organismo documentó problemas de autogobierno en al menos cinco centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rechazó categóricamente que esta situación exista en alguna de las 13 prisiones de la capital. La diferencia de diagnósticos coloca bajo la lupa las condiciones de vigilancia y control al interior de los reclusorios.

La SSC pide revisar los criterios de evaluación

La dependencia anunció que analizará los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 y buscará reunirse con la CNDH para conocer la metodología y los criterios utilizados. Según la SSC, detectó variaciones significativas respecto de evaluaciones anteriores, por lo que considera necesario contrastar las observaciones del organismo con la información y los elementos objetivos de los que dispone.

El informe de la CNDH, de acuerdo con la información publicada por La Jornada, señaló problemas de autogobierno en la Penitenciaría de la Ciudad de México, los reclusorios Norte, Oriente y Sur, así como el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I. También identificó presuntas actividades ilícitas, extorsiones, sobornos y falta de personal de seguridad y custodia, aspectos que contrastan con la postura de la corporación capitalina.

Inspecciones, traslados e inversión en infraestructura

Como parte de las acciones que sostiene haber realizado para reforzar la seguridad penitenciaria, la SSC reportó 51 mil 014 inspecciones ordinarias y 295 extraordinarias para detectar y retirar celulares, sustancias prohibidas y otros objetos de riesgo. Además, informó que instaló equipos inhibidores de señal celular en coordinación con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y que trasladó a 141 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil a centros federales: 64 en 2024, 45 en 2025 y 32 en 2026.

La dependencia también destacó el aumento de personal penitenciario, la capacitación, las mejoras salariales y las actividades educativas, deportivas, culturales y laborales dirigidas a las personas internas. A estas medidas se suma una inversión cercana a 200 millones de pesos prevista para 2026, destinada a impermeabilización, pintura y rehabilitación de instalaciones eléctricas, drenaje y sanitarios. Mientras la SSC defiende estas acciones y solicita revisar la evaluación, la discrepancia con la CNDH mantiene en el centro de la discusión las condiciones reales de gobernabilidad y seguridad en las prisiones capitalinas.