El valor de una propiedad no solo se mide por lo que alguien estaría dispuesto a pagar por ella. También importa el número que aparece en los registros oficiales, porque de ahí pueden desprenderse consecuencias para el bolsillo de sus propietarios. Esa es una de las preocupaciones que rodean la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por el Senado con 69 votos a favor y 32 en contra. Lo que el gobierno presenta como un esfuerzo para ordenar la información sobre los inmuebles abrió, al mismo tiempo, un debate sobre el alcance que podría tener en el impuesto predial.

Poner orden en los registros, conectar la información

La iniciativa plantea homologar y fortalecer los sistemas catastrales y registrales del país. Entre sus herramientas contempla una clave catastral única, un certificado registral y plataformas digitales que permitan integrar y consultar información sobre las propiedades. La apuesta es que los datos dejen de estar dispersos y puedan articularse bajo criterios comunes, con el respaldo de la Agencia de Transformación Digital.

Detrás de esa arquitectura administrativa hay una promesa: contar con registros más ordenados y facilitar la identificación de los inmuebles. Morena ha defendido la medida con el argumento de que permitirá corregir desigualdades y lograr que quienes actualmente no pagan lo que les corresponde contribuyan. Sin embargo, la discusión dejó de ser únicamente técnica cuando apareció una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá si la actualización de los valores catastrales modifica también la base sobre la que se calcula el predial?

La preocupación está en el bolsillo

La oposición ha encendido las alertas ante la posibilidad de que acercar los valores catastrales a los comerciales termine elevando el impuesto para los propietarios. Por eso ha llamado a la propuesta un “predialazo” y cuestionado sus posibles efectos sobre la economía familiar. La aprobación de la ley no significa, por sí sola, que el predial vaya a aumentar de manera automática para todas las personas; el temor se concentra en cómo se aplicarán sus disposiciones y qué consecuencias tendrán las actualizaciones.

También hay inquietudes sobre la autonomía de los municipios, que administran sus propios catastros, así como sobre la concentración de información patrimonial y el manejo de los datos personales. Para sus críticos, la homologación no debe convertirse en una vía para centralizar decisiones ni en una carga adicional para quienes poseen una vivienda. Para sus promotores, en cambio, contar con información más precisa permitiría reducir rezagos y mejorar la administración de los registros.

La ley avanza así entre dos promesas enfrentadas: ordenar la información sobre la propiedad y evitar que ese orden termine convirtiéndose en una factura más alta para los contribuyentes. El verdadero alcance de la reforma dependerá de su implementación y de la manera en que se actualicen los valores catastrales. Porque cuando se habla de catastros, el debate puede parecer lejano, lleno de claves y expedientes, pero para quien paga predial, la pregunta es mucho más concreta: ¿cuánto vale su casa ante el gobierno y cuánto tendrá que pagar por ella?