Un teléfono deja de cargar, la batería dura apenas unas horas o la pantalla se rompe, y el aparato cambia de categoría sin salir de casa: ya no es el celular cotidiano, pero tampoco se convierte de inmediato en residuo. Pasa al cajón donde convive con cables sin dueño, audífonos incompletos y equipos que conservan fotos, cuentas y conversaciones. Ese limbo doméstico es una escena común de la vida digital y revela una pregunta cada vez más económica para la Ciudad de México: ¿conviene reparar, revender, regalar o reciclar?

La escala del problema empieza por la cantidad de personas que dependen del teléfono. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025, publicada por el INEGI en junio de 2026, estimó que 84.6 por ciento de la población de seis años o más utilizó celular en México. Entre quienes usaron internet, 97.3 por ciento se conectó mediante un teléfono inteligente. Son datos nacionales, no exclusivos de la capital, pero ayudan a entender por qué una falla pequeña puede desordenar pagos, trabajo, escuela, mapas, mensajes y acceso a documentos en cualquier barrio de la CDMX.

Reemplazar parece la salida rápida, aunque el aparato averiado todavía concentra materiales y energía incorporada. Un análisis de UNAM Global, basado en información de la Facultad de Ingeniería, calcula que México genera entre 1.1 y 1.5 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos al año. En 2022, la generación estimada fue de 11.8 kilogramos por persona. Los celulares no son la fracción más pesada del problema, pero sí condensan una mezcla compleja: alrededor de 40 por ciento de metales, 30 por ciento de plásticos, 15 por ciento de vidrio y cerámicos, y 15 por ciento de otros materiales.

Por eso reparar no es solamente una decisión sentimental. Las fallas más comunes —batería, pantalla y puerto de carga— pueden resolverse sin sustituir el equipo completo. El mismo análisis universitario señala que estas intervenciones pueden extender la vida útil de distintos aparatos entre tres y diez años, según el tipo de equipo y la reparación. También propone una regla práctica: evaluar el arreglo cuando cuesta menos de la mitad del valor del dispositivo. No es una garantía universal; importa la disponibilidad de refacciones, el estado general, las actualizaciones de seguridad y la calidad del diagnóstico.

En la ciudad, la reparación también sostiene una economía de mostrador: locales que cambian módulos, recuperan información, microsueldan tarjetas o venden piezas recuperadas. La primera precaución no es regatear, sino pedir claridad. Un presupuesto útil debe distinguir refacción y mano de obra, explicar si la pieza es original, compatible o recuperada, indicar el tiempo de garantía y advertir qué funciones podrían perderse. Antes de entregar el teléfono conviene respaldar la información, cerrar sesiones sensibles cuando sea posible y retirar tarjetas físicas. Reparar sin proteger los datos puede convertir un ahorro en un problema mayor.

Cuando el equipo funciona pero ya no responde a las necesidades de su dueño, la segunda vida puede tomar otras rutas. Revenderlo, heredarlo o donarlo conserva más valor que desmontarlo de inmediato, siempre que se borren cuentas y datos de forma segura. El paso mínimo es respaldar archivos, cerrar sesión en servicios, desactivar bloqueos de activación, retirar SIM y memoria, restaurar el sistema de fábrica y conservar comprobantes de entrega. Si la batería está inflada, el equipo se calienta de manera anormal o presenta daño por líquidos, no debe seguir cargándose ni almacenarse junto a objetos combustibles.

El precio de un equipo nuevo suele concentrar la conversación, pero el costo real de cambiarlo incluye tiempo de configuración, accesorios que dejan de ser compatibles y servicios que deben volver a activarse. También existe un costo de oportunidad en guardar un aparato útil hasta que su batería se degrade o su software pierda soporte. La segunda mano funciona mejor cuando el teléfono se entrega pronto, con información transparente sobre batería, golpes, piezas sustituidas y años de actualización restantes. Conviene comparar ese valor con el de una reparación mínima: una batería nueva o un puerto de carga funcional pueden elevar la utilidad del equipo y evitar que el siguiente usuario herede una falla inmediata. También es preferible entregar cargador y comprobantes cuando existan, porque reducen incertidumbre y compras adicionales. Ocultar una falla desplaza el problema; documentarla conserva valor y reduce el riesgo para la siguiente persona.

El último destino no debería ser la basura doméstica. En 2025, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina reportó 23 jornadas de Reciclatrón, con 14 mil participantes, 480 empresas e instituciones y 214 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, además de 11.6 toneladas de pilas. La cifra muestra que existe demanda por canales formales, pero también la enorme distancia entre lo que se acopia y todo lo que permanece guardado o entra a flujos inadecuados. En un teléfono, la batería de litio y los metales hacen especialmente importante una entrega controlada.

La decisión, entonces, puede ordenarse en cuatro preguntas: ¿la reparación devuelve seguridad y uso?, ¿su costo es razonable frente al valor del equipo?, ¿hay alguien que pueda aprovecharlo después de un borrado seguro?, ¿existe un punto formal de acopio si ya no tiene remedio? El celular del cajón no es un objeto neutro. Todavía contiene materiales, dinero, datos y trabajo. Alargar su vida o cerrarla correctamente no elimina el consumo digital de la ciudad, pero sí evita que cada falla se convierta automáticamente en otra compra y en otro residuo invisible.