Durante 15 años, María Estela y Sara Giles compartieron una casa con su prima en la colonia Las Águilas, en Álvaro Obregón. Hoy, a sus 85 y 90 años, enfrentan una acusación penal por despojo y la posibilidad de perder el lugar donde han vivido durante más de una década.

El conflicto comenzó tras la muerte de su prima, en 2024. De acuerdo con una investigación publicada por El País, personas que reclaman la propiedad comenzaron a exigirles que abandonaran el inmueble. Su defensa denunció amenazas y obtuvo medidas de protección, pero posteriormente las hermanas fueron acusadas de despojo.

Su historia abre una pregunta que trasciende Las Águilas: ¿qué ocurre cuando una disputa por la posesión de una vivienda termina convirtiéndose en un conflicto penal?

Despojo en CDMX: un problema que va más allá de las invasiones

En la Ciudad de México, el despojo no siempre responde a la imagen de personas que irrumpen violentamente en una propiedad. También existen controversias entre familiares, conocidos y personas que reclaman derechos sobre un mismo inmueble.

Las cifras oficiales muestran esa complejidad. De 1,032 asuntos atendidos por el Gabinete contra Despojos entre junio de 2025 y julio de 2026, 644 fueron identificados como conflictos civiles y 388 como posibles casos de despojo, según informó la Fiscalía capitalina.

Mientras tanto, las carpetas de investigación por este delito alcanzaron 1,978 durante el primer semestre de 2026, un incremento cercano al 4% frente al mismo periodo del año anterior.

Gabinete contra Despojos: la respuesta del Gobierno de CDMX

El Gobierno capitalino puso en marcha un Gabinete contra Despojos para coordinar la actuación de distintas dependencias, investigar denuncias y restituir inmuebles cuando existe fundamento legal.

Entre sus intervenciones se encuentran casos en diversas alcaldías, relacionados con ingresos no autorizados, amenazas, ocupaciones irregulares y disputas por la posesión. Las autoridades también han reportado atención a personas adultas mayores durante algunas diligencias.

Sin embargo, la existencia de mecanismos institucionales no resuelve automáticamente las controversias sobre propiedad, herencia o posesión. Cada caso requiere determinar los derechos de las partes y garantizar el debido proceso.

El de las hermanas Giles sigue siendo una disputa particular, cuyo desenlace corresponde a las autoridades judiciales. Pero deja al descubierto una realidad más amplia: en una ciudad donde la vivienda representa buena parte del patrimonio familiar, protegerla también significa garantizar que los conflictos se resuelvan sin vulnerar los derechos de quienes la habitan.