Perder una vivienda no sólo significa quedarse sin un espacio físico; también puede poner en pausa la tranquilidad y la estabilidad de una familia. Frente a esa espera, la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México impulsa una iniciativa para modificar los mecanismos de atención al delito de despojo y dar mayor certeza jurídica a quienes pierden su patrimonio. Jesús Sesma Suárez, diputado con licencia, señaló que la propuesta busca evitar que las víctimas tengan que esperar meses o incluso años para recuperar sus propiedades.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras: entre enero y marzo de este año se registraron 6 mil 707 denuncias por despojo en el país, un promedio cercano a 75 casos diarios, mientras la capital se encuentra entre las demarcaciones con más registros. Para Sesma, el impacto va más allá del inmueble, pues el delito también compromete la estabilidad, seguridad y tranquilidad de las familias.

La propuesta plantea abrir una vía para que, una vez que la víctima acredite sus derechos sobre el inmueble asegurado, el Ministerio Público o el juez de la causa determine si procede una ocupación provisional en un plazo máximo de 30 días hábiles, mientras continúa el juicio. La intención es establecer tiempos concretos y evitar que quienes fueron despojados permanezcan durante meses en un limbo jurídico.

El reto, ahora, es convertir esa propuesta en una respuesta efectiva frente a la espera. Los promoventes sostienen que las leyes procesales deben responder a las necesidades inmediatas de la ciudadanía y que la justicia no puede convertirse en otra carga para quien ya perdió su patrimonio. Se pretende que recuperar una vivienda no dependa de esperar indefinidamente, sino de contar con mecanismos que permitan actuar a tiempo.