El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la presentación de seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República  (FGR), en las que se incluye a la ex presidenta del INE Guadalupe Taddei Zavala.

Esta medida jurídica busca que la autoridad ministerial federal investigue presuntos actos de corrupción y desvíe de recursos públicos ocurridos durante la gestión de Taddei quien renunció a su cargo el pasado 26 de octubre en medio de crecientes cuestionamientos.

La denuncia penal, promovida de manera unánime por los diez consejeros del órgano electoral, no se limita a señalar de forma exclusiva a Taddei Zavala. El recurso legal fue estructurado de manera general para rastrear toda una presunta red de corrupción que involucra tanto a servidores públicos en funciones como a exfuncionarios de nivel alto, medio y operativo, además de diversas personas morales que operaban como contratistas de materiales electorales.

De acuerdo con el informe remitido a la Cámara de Diputados por el contralor del instituto, Víctor Hugo Carvente Contreras, los hechos denunciados contemplan la probable comisión de al menos seis delitos federales.

Entre los ilícitos que la FGR deberá indagar se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, ejercicio ilícito del servicio público y la utilización de documentos falsos.

El origen de la crisis institucional radica en una presunta red empresarial, presuntamente vinculada con familiares y allegados a la directiva saliente, que simulaba competencia para acaparar contratos millonarios relacionados con insumos y la producción de credenciales para votar.

Las indagatorias administrativas previas señalan que este esquema delictivo pudo haber comprometido asignaciones contractuales que superan los 2 mil 400 millones de pesos, lo que detonó también el bloqueo inmediato de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por su parte, la actual presidencia provisional del INE, encabezada de forma interina por Blanca Yassahara Cruz García, emitió un posicionamiento donde afirmó que la denuncia responde estrictamente al principio de cero tolerancia a la corrupción.

El árbitro electoral reiteró su total disposición para colaborar tanto con los ministerios públicos federales como con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), subrayando que la protección de los recursos públicos debe prevalecer sin distinción de cargos, rangos o periodos de gestión.