Crisis del ministerio público
Simón Vargas Aguilar©*
“La justicia es la armonía del alma y de la ciudad.” Platón
Llegar a una agencia del Ministerio Público a denunciar un delito se ha convertido en una de las peores experiencias de nuestra época, y aunque la rabia del agravio siga intacta en nosotros, la esperanza se desvanece con rapidez porque lamentablemente vivimos un sistema de procuración de justicia colapsado por su propia sobrecarga.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México opera con una plantilla de agentes del Ministerio Público que, según datos oficiales y declaraciones de la propia fiscal Bertha Alcalde, ronda alrededor de 3,600 elementos distribuidos en aproximadamente 70 agencias territoriales y el sector central
En una ciudad de más de nueve millones de habitantes con una de las tasas de prevalencia delictiva más altas del país esa cifra resulta insuficiente, incluso México Evalúa ha señalado que, aunque la capital supera el promedio nacional en fiscales por cada 100 mil habitantes (19,7 frente a 12,9), la tasa de agencias es baja. El resultado es que hay ministerios públicos que arrastran más de mil carpetas de investigación abiertas al mismo tiempo, y que en el día a día algunos atienden entre 15 y 40 asuntos.
A esta escasez se suma la precariedad laboral, los salarios no compensan la responsabilidad ni el riesgo; testimonios recogidos por medios locales describen agentes que trabajan sin insumos básicos como ligas, hojas o grapas y enfrentan sanciones o reducciones si no prolongan jornadas ya de por sí extenuantes. Las agencias operan en turnos de 24 horas o con guardias permanentes, ¿cómo se pretende eficiencia de un profesional que lleva doce, dieciocho o veinticuatro horas laborando, revisando expedientes, tomando declaraciones e interactuando con víctimas, familiares y detenidos, sin descanso real?
Ese desgaste tiene un costo humano inmediato y brutal: la pérdida de empatía. Quien llega a denunciar un robo de celular, el asalto en el transporte, la desaparición de un familiar, lesiones, homicidio o feminicidio entre otros muchos delitos, se encuentra, con demasiada frecuencia, frente a un servidor público que ya no tiene capacidad emocional para escuchar, con la mirada cansada, la respuesta monosilábica, el “firme su declaración y espere” no son siempre mala fe; son el producto de un sistema que ha normalizado la saturación. Cuando el agente lleva tres turnos seguidos y decenas de carpetas que no avanzan, la víctima deja de ser una persona y se convierte en un trámite más y por supuesto que esta deshumanización alimenta la desconfianza.
El tiempo que toma simplemente levantar una declaración es desalentador, en muchas agencias el proceso se tarda horas o se pospone al día siguiente por falta de personal o de espacio. Esa lentitud inicial se multiplica en el resto del procedimiento, las carpetas se acumulan y se estancan, los datos de la propia Fiscalía y de análisis de México Evalúa muestran que más de la mitad de las investigaciones permanecen sin determinación y a nivel nacional, cerca del 80 % de las denuncias que sí generan carpeta no arrojan conclusión alguna. En la Ciudad de México, la propia fiscal ha reconocido que ni duplicando la plantilla se podría atender el volumen actual sin un cambio de modelo.
La consecuencia más evidente es la renuncia ciudadana para denunciar, la ENVIPE 2025 documentó que de 33,5 millones de delitos en el país, solo el 9,6 % se denunció y la cifra oculta alcanzó el 93,2 % y el principal motivo, con el 34,6 %, fue la percepción de “pérdida de tiempo”; le siguieron la desconfianza en la autoridad y los trámites largos.
En la Ciudad de México esa lógica es especialmente visible en delitos patrimoniales menores como robos de teléfonos, asaltos sin violencia o robo de vehículos. La gente se pregunta, “¿para qué voy si no resuelven?”, la cifra negra es la radiografía de una institución que ha perdido capacidad de atención y respuesta.
El problema se agrava por la escasez de especialistas, las unidades especializadas operan con plantillas reducidas, por ejemplo, en el tema de desapariciones, se ha reportado alrededor de 67 ministerios públicos para cientos de casos nuevos al año, más el rezago acumulado. Los defensores públicos, por su parte, enfrentan cargas que en algunos periodos superan los 200 o 300 asuntos anuales por abogado, lo que los deja con minutos para revisar una carpeta antes de una audiencia y por ende la calidad de la defensa se resiente y el debido proceso se vuelve formalidad.
Organizaciones como la UNODC ha documentado durante años falta de capacitación y de coordinación con peritos y policías de investigación, que además se encuentran respaldados en datos oficiales del INEGI, censos de procuración de justicia y evaluaciones independientes que muestran el mismo patrón y aunque habrá que reconocer que la Ciudad de México no es la peor del país en todos los indicadores de capacidad, pero su escala y su densidad delictiva la convierten en el laboratorio más visible del colapso.
Cada persona que decide no denunciar porque los ministerios no actúan, confirma y profundiza la IMPUNIDAD; la justicia no se reconstruye con discursos ni con más unidades móviles de ocasión, se reconstruye con la capacidad real de atender, investigar y resolver.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia, y política.


