En la política capitalina, los problemas no siempre terminan donde empiezan. Basta con que alguien encuentre la manera de convertirlos en un argumento contra sus adversarios para que la discusión tome otro rumbo. Y a veces, entre tantas acusaciones, el problema original acaba siendo lo de menos.

El “predialazo”: una vieja amenaza con nuevo nombre

El debate sobre el predial y los cambios catastrales hizo ruido en la CDMX, pues en redes sociales se generaron más de 4 mil publicaciones, 151 mil interacciones y 47.4 millones de vistas relacionadas con el tema tan solo esta semana. Su difusión muestra cómo una discusión técnica terminó convertida en una amenaza al patrimonio familiar y en un nuevo frente político contra Morena.

La discusión comenzó con el Programa de Ordenación Metropolitana, el cual incluye propuestas para actualizar los valores catastrales de los inmuebles. Esta narrativa fue utilizada por  el diputado panista Diego Garrido, quien  “advirtió”sobre los potenciales riesgos para los propietarios, y Azteca Noticias  fue la encargada de darle difusión desde el 2 de octubre, hablando de aumentos de impuestos, subastas y ventas forzosas de viviendas.

Después vino el paso clave, ponerle un nombre fácil de recordar y con capacidad de provocar preocupación. Es así como surgió “El predialazo”, el cual fue utilizado en 756 publicaciones que acumularon 115 mil interacciones, 2.7 millones de vistas y 9,502 compartidos. El impacto de este concepto se observa no solo en el alcance, sino en que registró directamente más de 5 mil comentarios, el “Me Enoja” fue la principal reacción en estas publicaciones y se registraron menciones de temor ante alzas en 2027 o incluso la expropiación de sus predios. 

Pero la fórmula no es nueva. En 2018 se difundió la versión falsa de que López Obrador quitaría una casa a quienes tuvieran dos para entregarla a personas pobres. Ocho años después, vuelve a aparecer pero como el temor a perder el patrimonio por no poder pagar, a pesar de que el programa metropolitano sigue en consulta y no establece por sí mismo aumentos al predial ni autoriza quitar propiedades.

La difusión de esta idea y del concepto mismo del Predialazo, muestra cómo los medios son actores claves dentro de estas controversias, pues seis publicaciones de Azteca Noticias acumularon más de 34 mil interacciones y más de 430 mil vistas, lo que representa casi el 23% de las interacciones totales.  Aunque estos datos no demuestran una campaña coordinada, quedó claro que el PAN puso sobre la mesa la advertencia y Azteca contribuyó a darle una exposición considerable. 

La calle es un ring de boxeo

La agresión a dos policías de Tránsito en Madero y Motolinía, en el Centro Histórico, generó 9 mil menciones, 205 mil interacciones y 24.4 millones de vistas. Siete personas fueron detenidas, mientras las imágenes de un agente pateado en el suelo provocaron indignación.

Sin embargo, no todos los usuarios salieron en defensa de los policías. Mientras el 46% de los comentarios ciudadanos condenó la agresión y exigió castigo, el 26% se enfocó en los abusos y la corrupción policial, el 22% llevó la discusión al terreno político y el 6% justificó o celebró la golpiza como una expresión del hartazgo ciudadano con la autoridad.

Una de las publicaciones más relevantes fue la de  Alessandra Rojo de la Vega, quien aprovechó el episodio para reabrir su enfrentamiento con Diana Sánchez Barrios, a cuyos grupos señaló por presuntos vínculos con los agresores. Su publicación acumuló 13,440 interacciones y casi 197 mil vistas. La diputada morenista rechazó el uso político del incidente. 

No era la primera vez que ambas chocaban por el comercio ambulante. En febrero y junio, operativos contra el comercio ambulante también terminaron en enfrentamientos y acusaciones entre ambas figuras. El control de las calles se ha convertido en un motivo recurrente de confrontación.

Los policías dependen de la SSC capitalina, pero eso no exime a las alcaldías de colaborar para mantener el orden en sus calles. Y ahí es donde las declaraciones de Rojo de la Vega complican todavía más el asunto. En lugar de contribuir a una respuesta conjunta, sumó nuevas acusaciones a una disputa política que ya venía de meses atrás, mientras el problema del comercio ambulante sigue sin resolverse. 

La calle termina siendo un ring donde no solo se enfrentan agresores y policías, sino también autoridades y actores políticos que deberían estar trabajando juntos para poner orden.

Al final, los problemas siguen ahí. Lo que cambia es quién consigue convertirlos en una batalla política y quién termina pagando las consecuencias.