Una disputa entre vecinos, un daño a la propiedad o el robo de un artículo de bajo valor podrían tener una solución más rápida, sin necesidad de iniciar un proceso penal. Ese es uno de los cambios que plantea el Gobierno de la Ciudad de México para transformar la manera en que operan los juzgados cívicos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó este lunes una propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica que busca privilegiar la mediación, la devolución de bienes y la reparación del daño antes de que los conflictos cotidianos escalen.
¿Qué casos podrían atender los juzgados cívicos?
La iniciativa contempla determinados robos sin violencia ni reincidencia, así como daños a bienes muebles e inmuebles cuyo valor no supere las 50 UMA, equivalentes a unos 5,800 pesos. También incluye conflictos entre vecinos y ciertos familiares, siempre que no exista maltrato físico ni verbal.
En estos casos podrían establecerse acuerdos de reparación, trabajo comunitario u otras medidas, según las circunstancias. La vía penal seguiría disponible: las personas afectadas conservarían la posibilidad de acudir al Ministerio Público.
Más mediación y cambios en los juzgados
La propuesta incorpora audiencias públicas orales, en las que un juez escucharía a las partes, y personal especializado para identificar problemas sociales o emocionales relacionados con los conflictos.
También prevé crear cinco centros comunitarios llamados Calpullis de Paz, que podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos para acercar la mediación a las colonias.
El Gobierno capitalino anunció que en 2027 destinará recursos para mejorar los 70 juzgados cívicos de la ciudad y ampliar su personal.
La reforma todavía debe pasar por el Congreso local. Su principal desafío será garantizar que una solución más rápida también sea justa para quien sufrió el daño y que los acuerdos realmente se cumplan. De ello dependerá que la justicia cívica se convierta en una alternativa efectiva y no solo en una nueva ruta administrativa.