Morena en el Congreso de la Ciudad de México busca aprobar en aproximadamente un mes el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, enviado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, anunció que habrá parlamento abierto para recibir opiniones ciudadanas y defendió la necesidad de concretar un instrumento de planeación que, aseguró, lleva más de una década pendiente. La legisladora afirmó que Morena realizó 36 foros durante su elaboración, de los que surgieron mil 516 propuestas que, sostuvo, fueron incorporadas al documento.
Consulta bajo discusión
La ruta de aprobación generó diferencias entre las bancadas. El PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron los tiempos disponibles y solicitaron ampliar los mecanismos de consulta. Tania Larios, coordinadora priista, pidió transparentar las cédulas de participación y criticó que el proyecto se turnara en un periodo legislativo en el que también deben discutirse el presupuesto capitalino y otras iniciativas. Andrés Atayde, coordinador panista, advirtió que su bancada no respaldará el plan si no se garantiza una consulta y señaló que el documento no contempla su impacto presupuestal.
Los alcances del proyecto
Otro punto de controversia son las atribuciones de las comisiones de participación comunitaria. Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación, consideró que el proyecto busca institucionalizarlas como un cuarto nivel de gobierno sin definir claramente sus facultades y advirtió sobre posibles implicaciones en materia de expropiaciones. Morena rechazó esta interpretación y Xóchitl Bravo señaló que el término ni siquiera aparece en el documento. La coordinadora reconoció que el plan es perfectible y adelantó que buscarán reunirse nuevamente con los sectores participantes para mostrar cómo quedaron incorporadas sus propuestas.
El desafío será demostrar que el parlamento abierto tendrá capacidad real para modificar el proyecto y no será únicamente un mecanismo de socialización de una propuesta cuya aprobación Morena pretende concretar antes de finalizar el año. También quedará por resolver si los tiempos legislativos permiten discutir a fondo sus implicaciones presupuestales, territoriales y administrativas.