La Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciará procedimientos legales y administrativos tras detectar severas irregularidades en la aplicación digital del examen de admisión a la licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, confirmó que el caso será turnado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El objetivo es deslindar responsabilidades tanto de los servidores públicos universitarios involucrados en la contratación como de los particulares que operaron la plataforma.
La intervención del órgano fiscalizador ocurre a solicitud expresa del rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí. Como primera medida de apremio, las autoridades realizaron un aseguramiento precautorio de los servidores informáticos y repositorios de datos de la empresa privada Territorium Life, encargada de la infraestructura tecnológica de la prueba. Esta acción busca blindar y preservar la evidencia digital ante la presunción de conductas ilícitas que vulneraron la seguridad del concurso de selección.
El escándalo estalló luego de que la UNAM detectara patrones de puntaje atípicos y conductas prohibidas durante la primera jornada de evaluación virtual. Entre las anomalías reportadas se encuentran casos de suplantación de identidad, consultas a bases de datos externas y el uso deliberado de teléfonos celulares. Estos fallos técnicos y logísticos obligaron a la institución a anular miles de exámenes al considerar que no existían condiciones de equidad ni de certeza jurídica para los aspirantes.
Ante el colapso del modelo a distancia, la universidad activó un plan de contingencia de emergencia para convocar a los estudiantes afectados a un examen presencial de control. Esta medida buscó rescatar la validez del proceso de admisión mediante mecanismos tradicionales de supervisión humana, mitigando el impacto para los miles de jóvenes que vieron truncado su intento de ingreso debido a las deficiencias del proveedor privado.
El proceso legal que ahora encabeza la ASF sentará un precedente sobre la fiscalización de contratos tecnológicos en el sector educativo superior. Mientras las investigaciones avanzan bajo el escrutinio público, la comunidad universitaria exige total transparencia en la rendición de cuentas, la aplicación de sanciones severas a la empresa concesionaria y una revisión profunda de los criterios de privatización en los procesos de evaluación institucional.