El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contempla aumentar 36 por ciento el sueldo de su consejera presidenta, Patricia Avendaño Durán, para que alcance un ingreso neto mensual de 129 mil 71 pesos, de acuerdo con el Programa Operativo Anual (POA) 2027, aprobado por unanimidad el jueves pasado. Con este ajuste, Avendaño igualaría la remuneración de los otros seis consejeros electorales y percibiría más de 43 mil pesos por encima de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, cuyo salario neto mensual es de 85 mil 660 pesos.

Más aumentos en la estructura electoral

El reajuste también contempla elevar los ingresos de los titulares de las secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como del contralor interno, quienes recibirían 102 mil 490 pesos netos mensuales. Por su parte, los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas alcanzarían 98 mil 520 pesos, mientras que los coordinadores de asesores y de la Secretaría Particular de la presidencia tendrían percepciones de entre 91 mil 701 y 93 mil 308 pesos.

El tabulador forma parte del programa presupuestal que el IECM enviará al Congreso capitalino, en el que solicita más de 2 mil 707 millones de pesos para 2027. Entre los cambios destaca la eliminación de un tabulador de remuneraciones que se aplicaba después de la entrada en vigor de la Ley de Austeridad de 2018 y que ajustaba los salarios al límite establecido para la persona titular del Poder Ejecutivo. En el programa de 2026 todavía aparecía ese esquema. Aunque el POA fue aprobado por unanimidad por los consejeros, el presupuesto y el programa operativo son aprobados por la Junta Administrativa, órgano que depende de la presidencia del Consejo General, encabezada por la propia Avendaño.

Presupuesto millonario rumbo a 2028

El instituto argumenta que los más de 2 mil 707 millones de pesos solicitados representan el mínimo indispensable para garantizar su operación ordinaria, organizar el próximo proceso electoral, financiar a los partidos políticos y preparar actividades relacionadas con la consulta de presupuesto participativo y la elección judicial de 2028.

De los recursos proyectados, más de 838 millones de pesos se destinarían al financiamiento de partidos y gastos de campaña. Las prerrogativas de las fuerzas políticas aumentan anualmente debido a la actualización del padrón electoral y los ajustes de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).