Nueve años después del sismo de 2017, el edificio de Patricio Sanz 529, en la colonia Del Valle Centro, continúa sin rehabilitación concluida, atrapado entre disputas de condóminos y recursos judiciales, pese a contar con un dictamen oficial de riesgo alto.

El conflicto cobró nueva relevancia tras una resolución del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa que ordena adoptar medidas de protección civil y avanzar en el reforzamiento del inmueble. Sin embargo, residentes denuncian que las autoridades aún no han ejecutado las acciones correspondientes.

Daños estructurales y obras detenidas

El edificio de diez niveles y 30 departamentos sufrió daños durante el terremoto de septiembre de 2017. Aunque el Gobierno capitalino inició su rehabilitación, los trabajos quedaron suspendidos por recursos de amparo promovidos por algunos propietarios.

En agosto de 2026, Protección Civil confirmó su clasificación de riesgo alto al identificar pérdida de verticalidad, inclinación hacia Patricio Sanz y Torres Adalid, así como fracturas en muros y fisuras en columnas y escaleras.

La Secretaría de Vivienda propuso rehabilitar el inmueble con recursos públicos, mediante un convenio de desocupación temporal y un plazo estimado de 12 meses para ejecutar las obras.

No obstante, mientras un grupo de condóminos exige reanudar los trabajos, otros reclaman garantías jurídicas para recuperar sus departamentos una vez concluida la intervención.

Una resolución judicial sin cumplimiento acreditado

Residentes que buscan reactivar las obras denunciaron que la alcaldía Benito Juárez no ha implementado las medidas de protección civil ordenadas judicialmente, pese a un oficio urgente enviado por la Secretaría de Vivienda el 15 de octubre.

Los inconformes advirtieron que podrían acudir a la Contraloría General y promover nuevas acciones legales si persiste la falta de respuesta.

Hasta ahora no se cuenta con una postura pública reciente de la alcaldía sobre el cumplimiento de esta resolución.

El caso refleja uno de los desafíos pendientes de la reconstrucción: proteger la seguridad de los habitantes sin vulnerar los derechos de propiedad, mientras los desacuerdos mantienen detenida la rehabilitación de un inmueble considerado de alto riesgo.