Las motocicletas concentran prácticamente la mitad de las muertes por hechos de tránsito en la Ciudad de México. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 106 fallecimientos de motociclistas, equivalentes al 49.1% de las 216 víctimas mortales contabilizadas en la capital, de acuerdo con el Segundo Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Crece la siniestralidad en motocicleta
El problema ocurre en paralelo al crecimiento acelerado de este tipo de vehículos: el parque de motocicletas pasó de 260 mil 99 unidades en 2015 a 822 mil 712 en 2026, un incremento de 216%. Además, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, señaló que alrededor de 80% de las unidades que circulan en la ciudad se utilizan para trabajar en plataformas digitales de reparto.
Los registros también muestran un aumento de 7.8% en las muertes de motociclistas durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior: pasaron de 51 a 55 víctimas. Asimismo, los derrapes ganaron terreno como causa de los accidentes mortales: representaron 23% de los hechos, frente a 19.9% del periodo comparable de 2025.
Repartidores rechazan nuevas reglas
Ante este escenario, el Gobierno capitalino planteó clasificar a los repartidores como transporte de carga, lo que implicaría exigir placas y licencias especializadas para desempeñar esa actividad. Sin embargo, la propuesta generó rechazo entre los trabajadores, quienes consideran que los nuevos requisitos representan una carga económica y no atienden las causas de fondo de los accidentes. La prueba piloto de regularización quedó suspendida y las autoridades acordaron continuar el diálogo con el gremio.
Representantes de Repartidores Unidos de México y Ni Un Repartidor Menos reportaron que, desde 2018, han muerto 857 repartidores en hechos viales en la capital; además, 48 mil 101 han sido víctimas de asaltos y 25 fallecieron durante un atraco. Los trabajadores también cuestionan el estado de la infraestructura, al señalar la presencia de baches, coladeras abiertas, falta de alumbrado y presuntos abusos policiales.
El desacuerdo se extiende al destino del impuesto de 2% aplicado a cada entrega realizada mediante plataformas digitales, cuyos recursos, de acuerdo con lo establecido, deben destinarse a infraestructura vial. Los repartidores aseguran desconocer cómo se ha utilizado ese dinero y cuestionan que se les exijan nuevas obligaciones mientras persisten las condiciones de riesgo en las calles. El reto para las autoridades será construir una regulación que reduzca los accidentes sin trasladar toda la responsabilidad a quienes trabajan sobre dos ruedas.