En la CDMX, la confianza en las instituciones también depende de cuándo deciden actuar, si su respuesta corresponde con la gravedad del problema y cuánto tiene que insistir la ciudadanía para ser escuchada.
Esta semana se registraron en la capital tres hechos de alto impacto que, aunque fueron muy distintos, terminaron alimentando el mismo debate sobre la respuesta institucional y la manera en que los ciudadanos perciben el papel de las autoridades.
Cuando la seguridad llegó tarde…
Extrabajadores de Luz y Fuerza, tras una protesta contra Felipe Calderón, marcharon a Los Pinos, donde golpearon y decapitaron la estatua del exmandatario, todo sin que el personal de seguridad interviniera. Al día siguiente, cuando ya no quedaba mucho por proteger, aparecieron vallas, policías y hasta la Guardia Nacional.
La discusión no fue sólo si Calderón merecía estatua, cabeza o simpatía, sino cuál debe ser el papel de las autoridades ante este tipo de situaciones y si la respuesta habría sido igual frente a otro personaje político. En digital se registraron más de 7 mil publicaciones, de las cuales mil quinientas que cuestionaron directamente las acciones de la polícia, generando cerca de 275 mil interacciones, 4.3 millones de vistas y 45 mil comentarios. La pregunta que quedó tras el debate es si la aplicación de la ley puede variar según quién protesta y contra quién lo hace.
Cuando la autoridad apunta mal…
El IMPI, con apoyo de la Marina y la policía capitalina, realizó un operativo en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave para asegurar mercancía presuntamente apócrifa valuada en 1.2 millones de pesos. El operativo generó 529 mil interacciones y 6.9 millones de vistas, pero la indignación no se concentró únicamente en el decomiso, sino en la contundencia del despliegue y las prioridades de las autoridades.
Una de las discusiones que tomó más fuerza fue la de las prioridades institucionales. Entre quienes cuestionaron el operativo, 46.5% preguntó por qué ese mismo despliegue no se utiliza contra el narcotráfico y 36.4% recordó que, prácticamente al lado, se venden celulares robados. También aparecieron reclamos por la extorsión y las personas desaparecidas. La pregunta de fondo fue por qué la autoridad parece tan poderosa cuando protege la propiedad industrial de marcas que generan millones y mucho menos contundente frente a quienes realmente provocan miedo a los ciudadanos de a pie.
Cuando las instituciones nunca escuchan…
Alumnas, familiares y la Colectiva Tonantzin tomaron el Bachilleres 3, en Iztacalco, tras denunciar al menos cinco casos contra profesores, entre presuntos abusos sexuales y una violación. Según los manifestantes, la dirección conocía los señalamientos, no separó a los docentes y hubo amenazas de represalias académicas para evitar nuevas denuncias.
El tema generó más de 65 mil interacciones y 700 mil vistas. Lo más grave no fue sólo la cantidad de casos, sino que para obtener una respuesta las alumnas tuvieron que suspender clases, exhibir a los señalados, tomar el plantel y bloquear una avenida. La autoridad finalmente las recibió, pero primero tuvieron que convertir sus denuncias en una crisis.
Las tres historias dejan una misma pregunta: ¿con qué criterio deciden actuar las instituciones? La confianza ciudadana también depende de que sus prioridades coincidan con los problemas que realmente afectan la seguridad y los derechos de las personas.