Simón Vargas Aguilar©*
Hace dos semanas en este mismo espacio abordé las dificultades que enfrenta el sector salud, y ante los acontecimientos de la semana pasada considero importante retomar, una vez más el tema, porque, aunque muchos crean que mencionarlo en diferentes espacios públicos no hará un cambio significativo, estoy convencido que el simple hecho de no dejarlo de abordar provocará que nos lo continuemos cuestionando y buscando soluciones.
Observemos las cifras, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI la Ciudad de México concentra cerca de 9.2 millones de habitantes en viviendas particulares, de esta población, el 80.1% declara estar afiliado a alguna institución de salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social concentra la mayor parte de esa cobertura formal, al representar el 55.5% de la población afiliada; le siguen los centros de salud, hospitales o institutos públicos (16.9%), el ISSSTE (13.9%) y el IMSS-Bienestar (3.3%) y alrededor del 19.9 % de los capitalinos, cerca de 1.8 millones de personas, carece de afiliación formal a servicios de salud. Estos números definen quién accede a atención con cierta regularidad y quién depende de la improvisación, la caridad o el bolsillo particular cuando enferma.
En la capital el problema se agrava porque muchos de sus hospitales de referencia, el General de México, institutos nacionales, unidades de alta especialidad del IMSS e ISSSTE, reciben pacientes referidos desde otras entidades y es que la concentración de demanda no es solo un dato demográfico, es la evidencia de un sistema que no crece al ritmo de la carga que se le impone.
Las recientes protestas del personal del IMSS en la Ciudad de México han hecho visible lo que las autoridades preferían mantener en el discurso de “avances”; enfermeras, personal administrativo y de apoyo y médicos, han salido a las calles, marchando y bloqueando avenidas como Reforma y otras vialidades, exigiendo un aumento salarial real, abasto de insumos, cobertura de plazas y mejores condiciones.
Estas movilizaciones han paralizado parcialmente la ciudad y han puesto en evidencia que el malestar no es de un grupo aislado, sino de quienes sostienen día a día un servicio que opera al límite. Incluso el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, ha reconocido problemas de abasto de insumos, dificultades en la contratación de personal, cargas de trabajo excesivas y la antigüedad o estado de las instalaciones. Ante las protestas, anunció recorridos “piso por piso” en hospitales para revisar carencias de material, medicamentos, vacantes y equipamiento y aunque si bien el reconocimiento oficial ahora ya existe; la velocidad y profundidad de la respuesta, no.
La insensibilidad gubernamental radica en la insistencia en negar o minimizar una crisis evidente, mientras se enfatizan cifras de consultas y cirugías, el número de derechohabientes y de atenciones crece, pero los recursos como el presupuesto operativo, el personal especializado, la infraestructura y el abasto, en especial el de medicamentos, no lo hacen en la misma proporción. El resultado es saturación, urgencias con pacientes en pasillos, cirugías diferidas, estudios pospuestos y farmacias que no entregan el tratamiento completo, porque cada incremento en la demanda sin inversión paralela convierte la “cobertura universal” en un derecho que se diluye en la práctica.
Ese costo tiene rostro, familiares esperan horas o días en salas y banquetas para saber si su ser querido será atendido, operado o trasladado, son testigos de cómo el tratamiento se interrumpe porque no hay el medicamento, el especialista o la cama, además la frustración de salir de la farmacia hospitalaria con una receta parcial, o de escuchar que “hay que regresar en unos días”, se convierte en angustia permanente, porque la enfermedad avanza mientras la burocracia y la escasez marcan el ritmo.
No se trata solo de estadísticas de abasto o de porcentajes de ocupación; se trata de personas que observan cómo sus padres, hijos o cónyuges no reciben lo necesario y de trabajadores de la salud que, tras jornadas agotadoras, salen a protestar porque tampoco pueden hacer su trabajo con dignidad.
Mientras los recursos no crezcan al menos al ritmo de los derechohabientes y de las consultas, y mientras se priorice la narrativa sobre la realidad de los hospitales, el dolor de quienes no obtienen tratamiento y la frustración de quienes no consiguen medicamentos seguirán siendo la cara más visible y más injusta del sistema de salud en la capital.
Y a todo esto se suma el congestionamiento vial que se genera.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia, y política.