Los aumentos a las rentas de vivienda en la Ciudad de México podrían quedar limitados a la inflación del año anterior, de acuerdo con la iniciativa de ley de rentas justas enviada al Congreso capitalino. La propuesta establece multas de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a unos 46 mil 924 pesos, para quienes incumplan el límite. El proyecto busca regular los arrendamientos y proteger el arraigo vecinal, sin congelar los precios de manera generalizada.
Contratos registrados y asesoría gratuita
La iniciativa plantea crear una defensoría de las relaciones inquilinarias para asesorar gratuitamente a arrendadores y arrendatarios, además de resolver conflictos mediante la conciliación. También establece el registro digital obligatorio de los contratos de renta y promueve la producción de vivienda asequible con participación de los sectores público, social y privado. Entre las sanciones propuestas figura una multa de 50 UMA, alrededor de 5 mil 865 pesos, por no entregar un ejemplar original del contrato.
Multas por incumplir las nuevas reglas
El proyecto contempla sanciones de hasta tres meses de renta por no registrar oportunamente el contrato y entregar la constancia correspondiente, así como multas de hasta 100 UMA —unos 11 mil 731 pesos— por destinar el inmueble a un uso distinto del habitacional sin autorización expresa. Además, realizar modificaciones al inmueble podría generar una sanción de hasta 200 UMA, equivalentes a 23 mil 462 pesos.
Excepciones al límite de los aumentos
Aunque la regla general propone ajustar las rentas conforme a la inflación, el artículo 17 permite solicitar a la defensoría autorización para cobrar un incremento superior cuando se acrediten “mejoras sustantivas” en la vivienda. Por su parte, el artículo 19 plantea que, si al renovar el contrato la persona arrendadora exige un aumento por encima de la inflación, el inquilino pueda seguir pagando la renta anterior actualizada conforme a ese indicador, mediante el mecanismo previsto en el contrato o la consignación judicial, hasta por un año. La iniciativa subraya que la propuesta no congela las rentas, sino que busca establecer reglas para sus incrementos.