Encontrar una vivienda en renta en la Ciudad de México no depende únicamente de cuánto puede pagar una familia. La escasez de opciones asequibles, las dificultades para conseguir garantías y la informalidad de los contratos también complican el acceso. Un informe de CoRe Ciudades Vivibles y Amables plantea que mejorar las condiciones del alquiler requiere algo más que regular los precios: también hace falta ampliar la oferta de vivienda disponible.
Rentar sin contrato, una realidad para miles de hogares
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del Inegi, retomados en el informe ¿Cómo regular la vivienda en renta?, el 34.6% de las viviendas rentadas no contaba con un contrato vigente. El documento también señala que el 55.9% de los hogares inquilinos de la capital renta por motivos económicos, ya sea porque enfrenta dificultades para obtener un crédito hipotecario o porque el alquiler representa una opción menos costosa que pagar una hipoteca. Además, las rentas se concentran principalmente en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, alcaldías con mayor acceso a empleos, transporte y servicios.
Ante este panorama, el informe propone impulsar vivienda social destinada al arrendamiento, otorgar subsidios para pagar la renta y crear fondos públicos, seguros subsidiados o mecanismos de intermediación que faciliten las garantías exigidas por los propietarios. También plantea aprovechar terrenos públicos para desarrollar inmuebles asequibles en zonas bien ubicadas, así como crear registros de contratos, precios y características de las viviendas que permitan conocer mejor el mercado. La advertencia es que apoyar económicamente a los inquilinos tendrá un alcance limitado si no existen suficientes opciones disponibles.
La propuesta de Clara Brugada busca regular el alquiler
Estas recomendaciones se cruzan con la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Congreso capitalino el 14 de octubre. Entre las medidas propuestas está limitar los aumentos anuales de renta a la inflación reportada por el Inegi para el año anterior, además de crear un registro digital de contratos y una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias que brinde orientación, mediación y asesoría jurídica gratuita.
La iniciativa también contempla sanciones por incumplimientos, apoyos económicos para personas inquilinas en situación vulnerable y una ampliación de la vivienda pública en arrendamiento, junto con la colaboración de los sectores social y privado. Tanto la propuesta legislativa como el informe colocan sobre la mesa un desafío que va más allá del precio: lograr que más personas encuentren un hogar que puedan pagar, con condiciones claras y garantías para ambas partes. Para ello, la regulación y los subsidios deberán acompañarse de más viviendas asequibles.