Pueblos originarios alertas por el Plan General de Desarrollo

Share

El proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México abrió un nuevo frente de inconformidad entre pueblos y barrios originarios, cuyos representantes advirtieron que algunas modificaciones incorporadas al documento podrían poner en riesgo sus mecanismos tradicionales de organización y representación comunitaria. La preocupación se concentra en las figuras de subdelegados, coordinadores territoriales y concejos comunitarios, así como en los criterios que determinarían su reconocimiento institucional.

Cambios de última hora abren incertidumbre sobre la representación comunitaria

Integrantes del Frente del Anáhuac señalaron que las modificaciones no estaban contempladas en el borrador inicial del documento y aparecieron posteriormente en el apartado de Gobiernos Locales y de Proximidad (Alcaldías). La preocupación radica en que la nueva redacción dejaría a interpretación la permanencia y el reconocimiento de estas representaciones.

Las coordinaciones territoriales funcionan como instancias de gobierno local e intermediación ante las alcaldías. Este modelo se ha consolidado durante la última década en demarcaciones como Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Álvaro Obregón, donde sus representantes han sido elegidos mediante procesos comunitarios.

El Frente del Anáhuac consideró inviable condicionar el reconocimiento de estas figuras a criterios numéricos que determinen si la población originaria constituye una mayoría, pues señaló que no existen censos específicos que permitan establecerlo. También sostuvo que los pueblos han definido históricamente sus propios mecanismos de elección, sin depender de validaciones externas.

La consulta metropolitana también enfrenta cuestionamientos

Las comunidades consideran que modificar sus formas de organización interna mediante estos criterios representa una vulneración a sus derechos de libre determinación y autonomía. El señalamiento abre una discusión sobre el alcance del PGD: si su propuesta de reorganización institucional reconocerá las estructuras comunitarias existentes o terminará subordinándolas a criterios administrativos definidos desde el gobierno.

En paralelo, durante el foro de consulta pública realizado en Iztapalapa sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), al que asistieron mil 76 personas, se registraron inconformidades por el tratamiento de los terrenos considerados subutilizados y por las diferencias entre el documento sometido a consulta y la presentación de las autoridades.

Representantes ejidales de San Andrés Tomatlán expresaron preocupación por los antecedentes de expropiaciones y conflictos de propiedad. Además, durante el encuentro hubo interrupciones contra participantes críticos del programa y se reportó una amenaza contra uno de ellos.

Ambos episodios colocan sobre la mesa un problema de fondo en los procesos de planeación territorial: la participación de las comunidades no se limita a asistir a foros, sino que implica garantizar que sus formas de representación, sus derechos sobre el territorio y sus observaciones tengan un lugar efectivo en las decisiones.