Una gasolinera demasiado cerca de una escuela, un hospital o una zona habitacional puede convertirse en un riesgo que va más allá del olor a combustible. Con esa preocupación como punto de partida, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reformar el artículo 80 de la Ley del Sector de Hidrocarburos y establecer restricciones a la instalación de estaciones de servicio en áreas de protección especial. La propuesta plantea una distancia mínima de 150 metros respecto de escuelas, centros de atención infantil, albergues, hospitales y zonas habitacionales con alta densidad poblacional.
La distancia como medida de prevención
La iniciativa fue presentada por la diputada María del Rosario Morales Ramos y busca reducir la exposición de la población a incidentes como incendios, explosiones y derrames, además de limitar posibles efectos de la contaminación. Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez advirtió que los riesgos son especialmente preocupantes para niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con problemas de salud.
Uno de los puntos centrales es la emisión de compuestos orgánicos volátiles, entre ellos benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, asociados con riesgos para la salud. Lobo Rodríguez señaló que la exposición a estos contaminantes puede contribuir a padecimientos respiratorios, hematológicos y neurológicos. También recordó accidentes registrados en Hidalgo y Tabasco para subrayar las consecuencias que una fuga, un incendio o una explosión podría tener cuando una estación de servicio se encuentra cerca de viviendas y espacios concurridos.
Una reforma que todavía debe avanzar
Además de establecer una separación mínima, Lobo Rodríguez consideró necesario fortalecer las herramientas legales para que las autoridades puedan revocar permisos de gasolineras instaladas en lugares que comprometan la seguridad o incumplan disposiciones de protección civil, seguridad industrial y uso de suelo. El planteamiento, sostuvo, coloca por delante el derecho a la vida, la salud y un medio ambiente sano frente a los intereses comerciales.
Morales Ramos defendió la iniciativa al señalar que no debe normalizarse la presencia de instalaciones que manejan sustancias inflamables a pocos metros de escuelas, hospitales, guarderías y viviendas. Aunque el Congreso capitalino aprobó el dictamen, la reforma todavía no entra en vigor: al modificar una ley federal, el documento será enviado al Congreso de la Unión para continuar su trámite legislativo. La distancia de 150 metros es, por ahora, una propuesta que busca convertir la prevención de riesgos en una condición más estricta para la instalación de gasolineras.