“La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial”. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó esa afirmación cuando la discusión sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) ya había encendido la preocupación de vecinos y organizaciones. Después remató con un “no se dejen engañar”, como si el tema hubiera nacido de un rumor y no de un documento gubernamental abierto a consulta pública.
Ahí está el nudo del conflicto: el gobierno descarta un aumento inmediato del predial, mientras que el proyecto metropolitano incluye planteamientos sobre actualizar la valoración del suelo y acercar el valor catastral al comercial. No son exactamente lo mismo. Cambiar el valor catastral no aumenta por sí solo el recibo, porque el impuesto depende también de las reglas fiscales locales. Pero la valuación es una pieza importante de ese sistema; por eso no basta con una frase para tranquilizar, ya que la gente necesita saber qué se propone, qué consecuencias podría tener y qué decisiones requerirían otros pasos legales.
El POZMVM sigue en consulta pública, del 24 de septiembre al 22 de noviembre de 2026, y no ha sido aprobado. Eso importa, pues no hay base para afirmar que ya se autorizó un incremento al predial por este programa ni que las propiedades vayan a ser retiradas automáticamente. Pero que aún sea un proyecto tampoco vuelve irrelevantes sus planteamientos. Si las autoridades quieren disipar la inquietud, tienen que explicar el contenido concreto del documento, no limitarse a negar el peor escenario.
¿Qué propone el plan y por qué inquieta a los propietarios?
El objetivo general del POZMVM es coordinar el crecimiento de una región donde la vida diaria rebasa las fronteras de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Agua, movilidad, vivienda, medio ambiente, riesgos y residuos son problemas compartidos que necesitan respuestas conjuntas. El instrumento metropolitano vigente fue elaborado en 1998, según las propias autoridades, por lo que actualizarlo es una necesidad razonable. La discusión no es si la región necesita planeación; es con qué herramientas pretende ordenar el suelo y qué límites tendrán.
Entre los puntos que detonaron la polémica aparecen la valuación masiva y la revalorización del suelo para acercar los valores catastrales a los comerciales. También se ha señalado una propuesta de contribución extrafiscal anual de entre 1 y 1.5 por ciento para determinados predios baldíos o subutilizados, incluidos algunos inmuebles con construcciones cuyo valor fuera menor al 50 por ciento del valor del terreno. En ese conjunto de medidas se menciona, además, la posibilidad de venta forzosa o subasta de ciertos predios subutilizados.
¿Qué preguntas son importantes para la ciudadanía sobre el tema?
Es fundamental distinguir entre lo que está planteado o señalado en el proyecto y lo que ya está vigente: estas medidas no son un cobro que hoy se esté aplicando automáticamente, ni una autorización ya ejecutada para subastar propiedades. Las autoridades metropolitanas han dicho que el programa no tendrá efectos inmediatos sobre el predial, los usos de suelo o la enajenación de terrenos. Sin embargo, los términos citados son lo bastante sensibles como para exigir definiciones claras: ¿qué significa exactamente “subutilizado”?; ¿quién lo determinaría?; ¿con qué criterios?; ¿qué excepciones existirían y qué mecanismos de defensa tendría una persona propietaria?
La pregunta sobre el catastro tampoco se resuelve afirmando que las tasas no cambiarán hoy. Si el valor que se registra para una propiedad se acerca al valor comercial, la autoridad debe explicar qué información utilizará, cómo corregirá errores y si esa valoración tendría alguna relación con futuras decisiones fiscales. No significa que todos los recibos deban subir por fuerza; implica que cualquier vínculo posible entre catastro y contribuciones merece una explicación transparente desde un inicio.
La protesta en Benito Juárez: la consulta bajo sospecha
La inquietud dejó de ser una discusión técnica cuando vecinos de Benito Juárez cuestionaron los foros de consulta. José Luis Matabuena, abogado y residente de la alcaldía, denunció en una entrevista radiofónica que algunas reuniones se convocaron a las diez de la mañana, un horario complicado para quienes trabajan. También aseguró que, en el encuentro de su demarcación, los asistentes no pudieron intervenir como esperaban y que la conversación se trasladó a mesas de trabajo. El abogado afirmó, además, que había participantes cuya representación vecinal le parecía dudosa.
Esas acusaciones corresponden a su testimonio y no bastan por sí solas para dar por probadas irregularidades. Pero tampoco deberían despacharse sin respuesta. Otros vecinos reportaron dificultades para exponer sus inquietudes sobre catastro, vivienda, densificación y usos de suelo; algunos se movilizaron e incluso bloquearon Calzada de Tlalpan para exigir que sus voces fueran escuchadas. La protesta funciona como una señal de desconfianza que las autoridades tendrían que atender con información y reglas verificables, no solo con llamados a la calma.
Los funcionarios han defendido que el proceso sigue abierto y que las observaciones ciudadanas pueden incorporarse. Si esa apertura es real, deberían publicarse las reglas de cada foro, sus listas de asistencia, las relatorías y las respuestas a las propuestas presentadas. También convendría ofrecer horarios y formatos que permitan participar a quienes no pueden acudir a una reunión durante la mañana. Consultar no es solo convocar; es escuchar, documentar y explicar qué se hizo con lo escuchado.
La respuesta oficial y las preguntas que siguen pendientes
Después de Clara Brugada, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, insistió en que la política del predial corresponde a los gobiernos locales y se rige por normas específicas, incluido el Código Fiscal de la Ciudad de México. También defendió la recopilación de información catastral como una herramienta para dar certeza jurídica y combatir el despojo.
En el Congreso local, representantes de Morena reiteraron que no habrá un “predialazo”. Afirmaron que el POZMVM no contempla efectos inmediatos en los recibos, los usos de suelo o la subasta de predios.
Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral con el fin de ordenar la información sobre inmuebles y dar certeza a la propiedad. Esa ley y el POZMVM son instrumentos distintos: no deben confundirse ni darse por equivalentes. Pero su coincidencia vuelve todavía más necesaria una explicación sencilla sobre qué información se recopilará, para qué se usará y qué autoridad podrá tomar cada decisión.
Ordenar la zona metropolitana no puede significar pedir confianza a ciegas
El gobierno tiene razón en un punto: el predial no cambia por una publicación ni por un programa de planeación por sí solo. Para modificarlo se requieren decisiones y procedimientos fiscales en el ámbito competente. También sería incorrecto asegurar que el POZMVM ya permite quitar casas o subastar automáticamente cualquier terreno sin construir. Esas conclusiones van más allá de lo que puede darse por acreditado en esta etapa.
Pero el gobierno no debería usar esas precisiones como una forma de cerrar el debate. La controversia nace de propuestas sobre el valor del suelo y el tratamiento de los predios considerados subutilizados; no puede solucionarse diciendo que nadie debe preocuparse. Si no se pretende abrir la puerta a un aumento del impuesto o a medidas contra la propiedad, el documento debe explicar qué impide esos resultados, cuáles decisiones quedan en manos de autoridades locales y qué garantías protegen a las familias.
También siguen en pie preguntas políticas como: ¿por qué los puntos de mayor sensibilidad patrimonial no se explicaron desde el inicio? Existen elementos para señalar una falta de claridad pública: las garantías llegaron después de que el proyecto ya había generado alarma, y no han despejado todas las dudas sobre su alcance.
La actualización del programa metropolitano puede ser necesaria, pero no debe avanzar entre zonas grises. La ciudadanía no necesita que le pidan elegir entre creer ciegamente al gobierno o dar por hecho el peor escenario. Necesita conocer el texto, entender sus posibles consecuencias y tener evidencia de que sus observaciones pueden cambiarlo.
La pregunta de fondo sigue siendo: si el predial no va a subir, ¿qué significa entonces acercar el valor catastral al comercial y qué efectos podría tener a futuro? La respuesta no puede quedarse en una consigna. Debe estar en el documento, en sus límites legales y en un proceso de consulta que sea público, accesible y comprobable. La gente necesita certezas antes de que la planeación se convierta en decisiones sobre su patrimonio.