Bastó una jornada de bloqueos en las principales carreteras para poner en evidencia hasta qué punto la Ciudad de México depende de sus accesos para mantener en movimiento a personas, mercancías y actividades económicas. Las protestas del lunes 26 de octubre paralizaron tramos de importantes corredores metropolitanos y dejaron al descubierto un conflicto que va mucho más allá de las afectaciones al tránsito.
Detrás del paro nacional de transportistas hay denuncias de robos, extorsiones y agresiones contra operadores, además de reclamos por el deterioro de las carreteras, los costos de peajes y las condiciones fiscales del sector. Demandas que las organizaciones aseguran haber planteado durante meses sin obtener respuestas suficientes.
La dimensión de las protestas quedó reflejada en el balance de la Secretaría de Gobernación, que reportó 38 puntos de movilización en 19 estados, con la participación de 691 vehículos y 858 personas, en su corte de la mañana del lunes.
Inseguridad carretera: el problema detrás de los bloqueos
La violencia contra el autotransporte es uno de los principales motivos de la movilización. Organizaciones del sector denuncian que los asaltos, muchos de ellos cometidos con violencia, representan un riesgo permanente para los conductores y elevan los costos de operación mediante pérdidas de mercancías, seguros y medidas adicionales de protección.
El problema también alcanza a la Ciudad de México. Las carreteras México–Toluca, México–Querétaro, México–Pachuca y México–Puebla conectan a la capital con centros de producción, distribución y comercio. Las interrupciones en estos corredores pueden retrasar entregas, alterar rutas de abastecimiento y generar costos adicionales para empresas y consumidores.
Por ahora, no hay evidencia de desabasto generalizado ni de aumentos de precios en la CDMX atribuibles al paro, pero la jornada mostró la exposición de la capital ante interrupciones simultáneas en sus principales accesos.
Costos de operación y desacuerdos con el gobierno
La inseguridad no es la única causa del conflicto. Los transportistas también reclaman mejores condiciones de infraestructura, regulación de los servicios de grúas y corralones y medidas fiscales que reduzcan los costos de operación.
Uno de los puntos de desacuerdo es la propuesta fiscal para 2027, que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos para acceder a un estímulo relacionado con el pago de casetas. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la modificación afectaría aproximadamente a 170 empresas, mientras que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advierte sobre un incremento en los costos del sector.
Las organizaciones movilizadas sostienen que los compromisos asumidos en negociaciones anteriores no han dado resultados suficientes. El gobierno federal, por su parte, afirma que mantiene abiertos los canales de diálogo y que ha atendido distintas demandas.
Las diferencias también se encuentran dentro del propio movimiento: mientras algunas agrupaciones han aceptado participar en mesas de trabajo con las autoridades, otras exigen interlocución directa con la Presidencia y garantías de que sus demandas tendrán respuestas concretas.
Gobernación abre negociaciones, pero el conflicto continúa
Este martes 27 de octubre, la Secretaría de Gobernación tiene previsto iniciar mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda para abordar los asuntos fiscales. Posteriormente se discutirán las demandas relacionadas con seguridad e infraestructura carretera, con la posibilidad de incorporar a las organizaciones que todavía no participan en el diálogo.
El inicio de estas conversaciones representa una nueva etapa de negociación, aunque no implica por sí mismo el levantamiento definitivo de las protestas. Las organizaciones mantienen posiciones distintas sobre la ruta del diálogo y, hasta el momento, no existe un acuerdo general confirmado.
Para la Ciudad de México, el desenlace importa más allá de la circulación vehicular. La seguridad de quienes transportan mercancías, los costos logísticos y la continuidad de las cadenas de suministro forman parte de una misma preocupación: la capacidad de la capital para mantener su actividad cotidiana sin quedar expuesta a nuevas interrupciones en sus conexiones carreteras.