En las colonias América, Daniel Garza y 16 de Septiembre, el problema no siempre está a la vista. Bajo calles y viviendas permanecen antiguas excavaciones mineras que, según denuncian los vecinos, han provocado hundimientos, grietas y socavones. Unas 13,500 personas habitan la zona señalada como vulnerable.
El problema tiene casi un siglo de historia. Las minas fueron excavadas para extraer materiales de construcción y, décadas después, sobre esos terrenos crecieron colonias enteras. Hoy, sus habitantes exigen conocer las condiciones reales del subsuelo y contar con un programa de rehabilitación.
Estudios disponibles, pero sin una solución integral
La diputada local de Morena Cecilia Vadillo denunció la existencia de 13 antiguas minas y pidió utilizar los estudios geofísicos realizados durante la planeación del Cablebús para identificar las zonas que requieren intervención.
La preocupación no es nueva. En 2024, la Secretaría de Obras capitalina informó que las minas y oquedades detectadas en cuatro colonias de Miguel Hidalgo abarcaban aproximadamente 16 hectáreas, mientras avanzaban los estudios y trabajos de mitigación.
En junio de este año, vecinos de la colonia América volvieron a denunciar la aparición de un socavón de unos siete metros de profundidad.
Una solicitud de recursos que tampoco es nueva
Desde 2022, la alcaldía Miguel Hidalgo ha solicitado presupuesto adicional para atender las minas. Ese año, Mauricio Tabe pidió al Congreso una ampliación que contemplaba 65 millones de pesos para trabajos de relleno. En 2024 también se convocó una licitación pública para intervenir estas cavidades.
En julio de 2026, el alcalde volvió a solicitar recursos extraordinarios al Gobierno de la CDMX y una mesa técnica permanente. Sostuvo que la atención de minas y taludes rebasa el presupuesto de la alcaldía, que, según sus propias cifras, ha destinado cerca de 10 millones de pesos a estudios e intervenciones.
Sin embargo, en la información revisada no se precisa cuánto financiamiento adicional se necesita actualmente ni qué obras tendrían prioridad.
El punto pendiente es determinar qué zonas presentan riesgo efectivo, cuáles requieren intervención urgente y cómo se financiarán los trabajos.
Para las familias que viven sobre estas antiguas excavaciones, la respuesta no puede quedarse en una disputa sobre presupuestos y competencias: necesitan diagnósticos claros y un plan de protección con responsables definidos.