En una ciudad que no se detiene, hay quienes pasan la noche donde termina la banqueta y comienza el frío. Duermen bajo un puente, junto a una avenida, en el rincón de una plaza o en cualquier espacio que durante el día pertenece a todos y, por la noche, se convierte en refugio. Están ahí, a la vista de millones, pero muchas veces permanecen fuera de la mirada de las autoridades.
La Ciudad de México tiene, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), 2 mil 879 personas en situación de calle, concentradas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco; el 83% son hombres. Sin embargo, organizaciones civiles estiman que la cifra podría acercarse a 6 mil personas, una diferencia que revela una de las dificultades centrales para atender el problema: saber cuántas personas viven realmente en las calles y, sobre todo, quiénes son.
Detrás de cada número hay una historia que rara vez aparece en los registros. Hay quienes llegaron después de perder un empleo, una vivienda o una red familiar; quienes enfrentan enfermedades, adicciones o problemas de salud mental; y quienes han vivido durante años en las calles. No existe una sola razón para terminar ahí. Lo que sí existe es una constante: la pérdida o ausencia de condiciones que permitan ejercer plenamente los derechos humanos básicos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha planteado que una política integral no puede limitarse a retirar a las personas de los espacios públicos o llevarlas temporalmente a un albergue. El objetivo debe ser la reinserción, con el acceso al empleo como uno de los primeros pasos y con programas de vivienda capaces de responder a las circunstancias particulares de esta población.
Cuando hasta el nombre se pierde
Existe una barrera que puede parecer menor, pero que termina cerrando muchas puertas: tener documentos.
De acuerdo con la organización civil El Caracol, cerca del 80% de las personas en situación de calle no cuenta con documentos de identidad. Sin acta de nacimiento, identificación oficial o comprobantes de domicilio, realizar un trámite puede convertirse en una carrera de obstáculos. Obtener un empleo, acceder a determinados servicios o iniciar un procedimiento administrativo supone demostrar quién se es y dónde se vive, algo difícil cuando precisamente se ha perdido el hogar.
Así pues, el problema deja de ser únicamente la falta de un techo. También está en juego la posibilidad de existir plenamente ante las instituciones y la sociedad en general.
Durante 2025, El Caracol, organización dedicada al acompañamiento y defensa de los derechos de personas en situación de calle, documentó 758 muertes de personas en esta condición en México. De ellas, 137 ocurrieron en la Ciudad de México, la cifra más alta registrada en una entidad del país.
Así, la capital concentra una de las mayores poblaciones de personas sintecho y, al mismo tiempo, se ha convertido en el lugar donde más personas de este grupo han muerto.
Los números dan cuenta de una paradoja: una ciudad con una amplia infraestructura de servicios sociales enfrenta dificultades importantes para garantizar que quienes viven en sus calles puedan acceder a ellos.
Un techo para mil 850 personas
La principal respuesta institucional es el ofrecimiento de resguardo en los albergues disponibles.
La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social opera una red de Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) y albergues de transición con capacidad para más de mil 850 personas. Son espacios destinados a brindar atención y acompañamiento, aunque su capacidad puede cambiar de acuerdo con la apertura, disponibilidad y saturación de los centros.
Actualmente, existen 10 CAIS habilitados en la Ciudad de México. Pero un albergue no necesariamente significa el final de la vida en la calle. Para muchas personas, representa apenas una pausa, un lugar para dormir, comer, asearse o recibir atención.
El reto comienza después: reconstruir los vínculos, recuperar documentos, acceder a servicios médicos, encontrar una fuente de ingresos y, finalmente, contar con una vivienda. Por eso, especialistas y organizaciones han insistido en que la política pública debe mirar más allá del alojamiento temporal. Una cama puede proteger del frío durante una noche; una vivienda y un ingreso estable pueden cambiar una vida.
Del abandono al derecho a la salud
En mayo de 2026, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para garantizar que las personas en situación de calle tengan acceso a servicios de salud de manera integral, accesible y oportuna.
La medida surgió de una iniciativa presentada por el diputado Pedro Enrique Haces Lago para adicionar disposiciones a la Ley de Salud capitalina y reconocer de manera específica el derecho universal a la salud de esta población.
Al fundamentar la reforma, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores señaló que se trata de un sector históricamente marcado por la invisibilización y la exclusión social. Hablar de las personas en situación de calle, sostuvo, significa reconocer las condiciones de desigualdad, violencia, discriminación y abandono que enfrentan cotidianamente.
La reforma parte de una idea simple, pero fundamental: no se trata de caridad, sino de derechos.
Las personas que viven en la calle también padecen enfermedades crónicas, problemas de salud mental y adicciones. En muchos casos enfrentan, además, dificultades para conseguir medicamentos o mantener tratamientos médicos. Sin documentos, dinero o un domicilio estable, incluso una consulta puede convertirse en un trámite imposible.
Una nueva política para una deuda histórica
En agosto de 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una nueva política de atención para las personas en situación de calle. El planteamiento parte de un concepto distinto: la restitución de derechos.
“El objetivo del Gobierno de la ciudad es construir una política pública que restituya sus derechos”, afirmó Brugada, al explicar que el gobierno realizó un censo y comenzó a aterrizar una estrategia para atender a esta población.
La política contempla atención a la salud mental y a las adicciones, además de mecanismos para establecer vínculos con las personas y facilitar su incorporación a los servicios públicos. También, se ha avanzado en la obtención de documentos de identidad, como actas de nacimiento, y en la habilitación de nuevos espacios para albergues.
El cambio de enfoque es importante. Durante mucho tiempo, la presencia de personas en situación de calle fue tratada principalmente como un problema del espacio público: algo que debía ser retirado de una plaza, una avenida o un bajo puente. Pero detrás de cada cuerpo que duerme sobre el pavimento hay una persona con nombre, historia y derechos.
La ciudad puede acostumbrarse a verlos. Puede aprender a esquivarlos en las banquetas, a pasar de largo frente a un campamento o a convertir su presencia en parte del paisaje urbano. Pero la invisibilidad no significa ausencia.
Son 2 mil 879 personas según el registro oficial, quizá cerca de 6 mil de acuerdo con organizaciones civiles. Son hombres y mujeres que viven en una ciudad que también es suya, aunque muchas veces no puedan demostrarlo con un documento.
La pregunta, entonces, no es solamente cuántas personas duermen esta noche en las calles de la capital. La pregunta es: ¿qué condiciones hicieron posible que terminaran ahí y qué debe hacer una ciudad para que la calle deje de ser su última opción? Restituir un derecho no empieza cuando alguien cruza la puerta de un albergue; empieza cuando la ciudad vuelve a reconocerlo como persona.