La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no cerró la crisis interna del organismo. Una semana después, 30 funcionarios han presentado su renuncia y las diez consejerías electorales emprendieron una revisión de cargos directivos, relaciones administrativas y procesos de contratación.
El nuevo escenario ocurre bajo la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García, cuyo nombramiento fue informado por CDMX Al Día el pasado 27 de octubre en la nota Blanca Yassahara Cruz García se convierte en presidenta provisional del INE.
Ahora, el relevo alcanza distintas áreas de la estructura operativa del instituto y coincide con investigaciones sobre presuntas irregularidades durante la administración anterior.
Las renuncias alcanzan puestos estratégicos
De acuerdo con el comunicado oficial del INE del 3 de noviembre, 17 de las 30 bajas corresponden a personal de la oficina de Guadalupe Taddei, incluido su jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.
También dejaron sus cargos tres directivos: José Alberto Pérez de Acha, responsable de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.
Las demás renuncias corresponden a personal de áreas administrativas, recursos materiales, Registro Federal de Electores, vinculación con organismos electorales y apoyo a órganos colegiados.
El instituto informó que la revisión continúa y comprende tanto los nombramientos de primer nivel como los procesos de contratación que requieren análisis a partir de la información pública reciente.
Contratos bajo revisión y posibles acciones legales
La reorganización también alcanza las decisiones administrativas tomadas durante la gestión anterior.
El consejero Arturo Castillo confirmó que se suspendieron temporalmente los procedimientos de adjudicación y licitación mientras se revisan los contratos. La medida no implica la cancelación automática de los servicios que el INE mantiene en operación.
Por su parte, Blanca Cruz informó que las consejerías trabajan con sus equipos jurídicos para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, con el propósito de que se investiguen los hechos señalados y se determinen posibles responsabilidades.
Las renuncias no constituyen, por sí mismas, evidencia de irregularidades. Las investigaciones deberán establecer si existieron conductas contrarias a la ley y quiénes participaron en ellas.
El reto: investigar sin detener las elecciones
La revisión ocurre mientras el INE organiza el proceso electoral de 2027, que incluye la renovación de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
El organismo sostiene que su estructura profesional continúa operando y que las decisiones sobre personal y contrataciones se tomarán conforme a la ley y al debido proceso.
La cuestión de fondo ya no es solamente quién ocupa la presidencia del INE, sino cómo se revisarán las decisiones administrativas de la gestión anterior sin comprometer los preparativos electorales.
Las próximas decisiones deberán aclarar el alcance de las investigaciones, el destino de los contratos cuestionados y la integración del equipo que conducirá al instituto durante esta etapa de transición.