El deterioro y el riesgo estructural de tres inmuebles de la alcaldía Cuauhtémoc llevaron al Gobierno de la Ciudad de México a decretar su expropiación para desarrollar programas de vivienda de interés social y popular. La medida busca que quienes actualmente habitan esos edificios puedan acceder a viviendas seguras, en lugar de permanecer en construcciones que representan un riesgo para su integridad física. Los predios se encuentran en las colonias Centro, Guerrero y Roma Sur.
Viviendas deterioradas serán sustituidas por opciones asequibles
Los inmuebles están ubicados en Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín número 19, en la colonia Centro, con una superficie de 970 metros cuadrados; Eje 1 Norte Mosqueta número 154, en la Guerrero, con 352 metros cuadrados, y Tuxpan número 11 Bis, en Roma Sur, con 88.52 metros cuadrados. De acuerdo con los decretos publicados en la Gaceta Oficial capitalina, sus ocupantes solicitaron la intervención del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) para sustituir las construcciones deterioradas y mejorar sus condiciones habitacionales.
La expropiación permitirá que los tres predios queden a cargo del Invi, organismo responsable de ejecutar los programas de vivienda social correspondientes. Los trámites se autorizaron en distintas fechas: en 2022 para el inmueble de Roma Sur, en 2024 para el del Centro y en 2025 para el de la Guerrero. Para estos últimos dos, la causa de utilidad pública se determinó el 5 de enero de 2026. Los decretos también establecen el pago de indemnizaciones a las personas propietarias afectadas, cuyos montos se definirán mediante avalúos oficiales.
La Obrera también tiene un inmueble señalado por riesgo estructural
Además de las tres expropiaciones, el Gobierno capitalino declaró de utilidad pública un inmueble en Juan de Dios Peza número 114, colonia Obrera, también en la alcaldía Cuauhtémoc, para destinarlo a vivienda de interés social y popular. Un dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, fechado el 29 de diciembre de 2020, identificó condiciones de alto riesgo estructural en el predio.
Según la declaratoria, las personas que ocupan este inmueble aceptaron las condiciones generales del programa de sustitución de vivienda y se comprometieron a desocuparlo y reubicarse por sus propios medios durante las obras, hasta la entrega de las nuevas viviendas. El Comité del Patrimonio Inmobiliario autorizó iniciar el procedimiento de expropiación el 20 de mayo de 2026. En los cuatro casos, el objetivo habitacional es atender inmuebles con problemas estructurales y generar alternativas de vivienda social, aunque el procedimiento administrativo de la Obrera todavía corresponde a una declaratoria de utilidad pública y no al decreto de expropiación ya publicado para los otros tres predios.