Expropiación de un inmueble en riesgo para volverse vivienda social en Venustiano Carranza

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En Ixnahualtongo 74, en la colonia Lorenzo Boturini, el futuro de un inmueble marcado por el riesgo de colapso comenzará a escribirse de otra manera. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, decretó la expropiación del predio de 694 metros cuadrados, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, para destinarlo a la construcción de vivienda social. El terreno pasará al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), que asumirá su posesión física y administrativa y estará a cargo de desarrollar el programa.

El edificio fue clasificado como inmueble con alto riesgo estructural, tanto para quienes lo ocupan como para las personas de los alrededores. La propia población que habita el predio solicitó al gobierno capitalino la expropiación para sustituirlo por viviendas dignas y seguras. El decreto invoca, además, el derecho a una vivienda adecuada, la regulación del mercado inmobiliario y el combate a la especulación.

Detrás del cambio de destino del inmueble existe también un procedimiento jurídico. El expediente XP/10/2026 fue radicado el 1 de junio de 2026 y la Declaratoria de Utilidad Pública fue publicada en la Gaceta Oficial los días 15 y 22 de junio. El INVI deberá pagar la indemnización constitucional a la persona propietaria que acredite su interés jurídico, con un monto determinado a partir del avalúo de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Ixnahualtongo 74 se suma así a una política de expropiaciones que busca convertir inmuebles en condiciones problemáticas en espacios destinados a vivienda social. El caso ocurre en el mismo contexto de República de Cuba 11, donde un inmueble del Centro Histórico fue expropiado para desarrollar vivienda para las familias que lo habitaban.

Y las cifras muestran que se trata de un instrumento de utilidad social: durante 2025, el Gobierno capitalino emitió 38 decretos expropiatorios. En cada uno de esos predios, la expropiación deja de ser únicamente un procedimiento administrativo y se convierte en una decisión sobre qué hacer con el suelo de la ciudad y quién podrá habitarlo.