Perder la posesión de una vivienda no significa únicamente enfrentar un conflicto legal. Para quienes son víctimas de despojo, también puede representar la necesidad de encontrar otro lugar donde vivir, asumir gastos inesperados y esperar una resolución para recuperar su patrimonio.
En la Ciudad de México, solo 8.5% de las medidas cautelares dictadas en procesos por despojo entre 2019 y 2026 correspondieron a prisión preventiva justificada, de acuerdo con datos del Poder Judicial capitalino publicados este domingo.
De 2,741 medidas cautelares, 232 implicaron prisión preventiva, mientras que 828 correspondieron a la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad.
¿Qué significa que los acusados enfrenten el proceso en libertad?
Las medidas cautelares son decisiones judiciales destinadas a garantizar el desarrollo del proceso y proteger a las víctimas. No constituyen sentencias ni determinan por sí mismas la culpabilidad de una persona.
Por ello, el porcentaje de prisión preventiva no permite medir cuántos responsables han sido condenados o cuántas víctimas han recuperado sus inmuebles.
Sin embargo, los datos abren una preocupación ciudadana: mientras el procedimiento avanza, ¿qué ocurre con quienes no pueden regresar a su vivienda?
Recuperar el inmueble, la otra parte de la justicia
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX reportó en septiembre 267 inmuebles asegurados o recuperados y 183 casos judicializados, como parte de su estrategia contra el despojo.
Aunque representan avances en la atención del delito, asegurar una propiedad no equivale necesariamente a devolverla a sus legítimos poseedores, y judicializar un expediente tampoco garantiza su recuperación inmediata.
Ante esta situación, en el Congreso capitalino se presentó una iniciativa para facilitar la recuperación de viviendas mediante mecanismos de ocupación provisional, sin tener que esperar la conclusión del juicio.
Para las familias que han perdido la posesión de su casa, la justicia tiene una dimensión muy concreta: no solo que se investigue y sancione el delito, sino poder regresar a su hogar sin seguir enfrentando la incertidumbre de dónde vivir.