La Ciudad de México reporta una reducción de 30.5% en el registro de personas desaparecidas y no localizadas entre noviembre de 2024 y octubre de 2026. Es un avance en las cifras oficiales, pero detrás de esa disminución permanece una realidad que no puede perderse de vista: 5,226 personas siguen pendientes de localizar.
La diferencia importa. Una reducción en el número de expedientes abiertos no significa necesariamente que las desapariciones hayan disminuido en la misma proporción. Para comprender el resultado es indispensable saber cuántas personas fueron encontradas, cuántos casos cambiaron de clasificación y qué información permitió actualizar el registro.
El balance presentado por el gobierno capitalino, con corte al 15 de octubre, permite observar tanto los avances reportados como la dimensión de las búsquedas que continúan.
Tres situaciones distintas, una misma incertidumbre
De los 5,226 expedientes pendientes, 3,394 corresponden a casos en los que no se ha logrado establecer contacto actualizado con quien presentó el reporte. Esta es la categoría más numerosa y representa aproximadamente dos terceras partes del total.
Otros 1,385 casos están clasificados como desapariciones confirmadas, porque las familias mantienen vigente el reporte y reconocen la desaparición. En 447 expedientes existen indicios de posible contacto, pero no elementos suficientes para acreditar que la persona fue localizada.
Estas diferencias son fundamentales: la falta de contacto con quien denunció no demuestra que la persona haya aparecido; tampoco permite determinar por sí sola cuál es su situación actual. Los tres grupos continúan formando parte del registro de personas pendientes de localización.
Lo que todavía deben explicar las cifras
El registro pasó de 7,519 casos pendientes en noviembre de 2024 a 5,226 al 15 de octubre de 2026. La disminución equivale a 2,293 expedientes, pero el balance requiere una explicación más detallada sobre los movimientos que produjeron esa diferencia.
La autoridad debe distinguir con claridad las localizaciones efectivamente acreditadas, las actualizaciones de información y los cambios de clasificación. Sin ese desglose, una cifra menor puede interpretarse equivocadamente como una reducción equivalente en la incidencia de desapariciones.
El gobierno capitalino también anunció 21 compromisos para fortalecer la búsqueda, entre ellos la incorporación de 150 investigadores y agentes ministeriales especializados y la elaboración de planes individualizados. Son medidas relevantes, aunque su alcance deberá evaluarse por los resultados que produzcan, no solamente por su anuncio.
Para las familias, la diferencia entre un expediente actualizado y una persona localizada es decisiva. Y para la ciudad, la transparencia de los registros es indispensable para conocer la magnitud del problema y valorar los resultados de la política pública.
La reducción estadística merece explicarse; las 5,226 búsquedas pendientes exigen respuestas.