La recuperación del espacio público es una tarea permanente en la alcaldía Cuauhtémoc, pero también exige reglas claras para quienes ejecutan los operativos. Esta semana, la administración de Alessandra Rojo de la Vega anunció medidas contra personal de Vía Pública después de que circularan videos que exhibieron conductas contrarias a sus obligaciones.
El 13 de octubre, la alcaldía informó que tres trabajadores fueron dados de baja tras aparecer en una grabación difundida en redes sociales. Además, el jefe de zona recibió una suspensión de un mes. El comunicado no precisó la conducta específica que motivó las sanciones.
Un día después, el 14 de octubre, la demarcación anunció la separación inmediata e indefinida de personas exhibidas en otro reporte oficial, mientras consumían mercancía de un puesto de comercio informal que había sido retirado de la vía pública.
Aunque ambos comunicados se refieren a personal involucrado en videos, la alcaldía no ha aclarado si se trata de los mismos trabajadores ni ha precisado cuántas personas comprende la segunda medida.
Ordenar el espacio público también exige supervisar a quienes lo hacen
Los casos ocurren en el contexto de una política de recuperación de calles y banquetas. De acuerdo con cifras difundidas por la propia alcaldía, durante los primeros 24 meses de la administración se realizaron 9 mil 870 acciones de ordenamiento, con las que reporta haber recuperado más de 1.6 millones de metros de espacio público.
Estas intervenciones buscan responder a problemas cotidianos, como banquetas obstruidas, objetos utilizados para apartar estacionamientos y ocupaciones irregulares que dificultan el tránsito peatonal.
Sin embargo, la ejecución de estas medidas también implica responsabilidades hacia comerciantes y vecinos, especialmente cuando se retiran objetos o mercancías de la vía pública.
La alcaldía sostuvo que las conductas exhibidas no representan la actuación de su gobierno y recordó que el personal debe cumplir los códigos de Ética y de Conducta. También señaló que los trabajadores sancionados en el primer caso habían firmado desde mayo una circular que les advertía sobre estas obligaciones.
La separación del personal constituye una respuesta administrativa ante los hechos difundidos. Queda por esclarecer el alcance de las sanciones y si habrá procedimientos adicionales para determinar responsabilidades.
El reto de Cuauhtémoc no termina en recuperar espacios públicos: también comprende garantizar que los operativos se realicen con legalidad, respeto y mecanismos efectivos de supervisión.