Las cuentas no alcanzan, las necesidades crecen y los municipios reclaman una mayor parte del presupuesto federal. Con ese argumento, alcaldes del PAN y legisladores federales dijeron “¡basta!” y llevaron a la Cámara de Diputados una propuesta para modificar las reglas de distribución de los recursos públicos y recuperar más de 50 mil millones de pesos que, según sus estimaciones, dejaron de recibir estados y municipios. La exigencia tiene dos frentes: atender las reducciones presupuestarias que denuncian y cambiar, a partir de 2027, la proporción de recursos federales que alimenta las finanzas locales.
Una reforma para cambiar el reparto
La iniciativa, presentada el 13 de octubre por Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, plantea reformar el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. La propuesta busca elevar del 20 al 22% la proporción de la recaudación federal participable destinada al Fondo General de Participaciones, con el objetivo de fortalecer los presupuestos estatales y municipales. No significa que cada ayuntamiento recibiría directamente el 22% de los impuestos federales, sino que aumentaría la bolsa sujeta a las reglas de distribución establecidas en el sistema fiscal.
Para los promotores, el cambio permitiría que los gobiernos locales tuvieran mayor margen para responder a las necesidades cotidianas de la población: desde infraestructura y alumbrado hasta servicios públicos y seguridad. Tabe, quien coordina a los alcaldes panistas, sostuvo que durante los últimos ocho años los recortes y la desaparición de fondos federales han debilitado la capacidad de los municipios para atender esas demandas. En su planteamiento, la discusión va más allá de una fórmula presupuestaria: se trata de cuánto dinero tienen los gobiernos más cercanos a la ciudadanía para resolver sus problemas.
Los recursos que reclaman los alcaldes
Carrillo puso cifras a la preocupación. Según expuso, la desaceleración económica y la disminución de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) durante el primer semestre de 2026 afectaron los ingresos de estados y municipios. Los participantes estimaron una pérdida de 6 mil millones de pesos por ese contexto, mientras que las cifras presentadas por los panistas apuntan a una reducción de 26 mil millones de pesos en participaciones durante la primera mitad del año, con nuevas afectaciones en agosto y septiembre. En conjunto, los alcaldes y legisladores reclaman recuperar más de 50 mil millones de pesos; son estimaciones y señalamientos de los participantes, no cifras que deban asumirse como pérdidas oficialmente comprobadas.
La exigencia no se limita a modificar el reparto futuro. Carrillo propuso recurrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que, de acuerdo con lo expuesto, tendría alrededor de 13 mil millones de pesos disponibles. También pidió utilizar mecanismos de potenciación financiera y entregar los recursos pendientes antes del 15 de diciembre. La intención es que los gobiernos locales no tengan que esperar hasta una eventual reforma para enfrentar las presiones presupuestarias que, aseguran, ya resienten.
Seguridad, predial y autonomía municipal
Entre los reclamos de Tabe está la desaparición del programa FORTASEG y la reducción de otros apoyos federales que, afirmó, limitan la inversión municipal en seguridad, infraestructura, calles, alumbrado y recuperación de espacios públicos. También cuestionó los cambios en la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): sostuvo que alrededor de 13 mil millones de pesos anuales quedaron sujetos a mecanismos que, desde su perspectiva, perjudican la autonomía de los gobiernos locales. La preocupación de fondo es que los ayuntamientos tengan recursos suficientes y capacidad de decisión para definir sus prioridades.
La diputada Kenia López Rabadán respaldó la iniciativa y puso el acento en dos asuntos: conservar las facultades municipales sobre la recaudación del impuesto predial y fortalecer a las policías locales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Por su parte, el diputado Federico Döring defendió revisar la distribución del presupuesto para avanzar hacia un esquema más equitativo entre los distintos órdenes de gobierno. Con estos planteamientos, los panistas vinculan la discusión de las participaciones con la autonomía financiera de los municipios y su capacidad para sostener servicios y atender la seguridad.
Por ahora, el aumento del 20 al 22% sigue siendo una propuesta: deberá recorrer el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley y entrar en vigor. Mientras tanto, los alcaldes exigen medidas para compensar los recursos que consideran pendientes y colocan sobre la mesa una discusión recurrente en el federalismo mexicano: cómo repartir el dinero público entre la Federación, los estados y los municipios. La respuesta definirá no solo las cifras de los presupuestos de 2027, sino también el margen que tendrán los gobiernos locales para atender las demandas que reciben todos los días.