El gobierno de la Ciudad de México deberá aclarar posibles irregularidades por 188.1 millones de pesos, luego de que la Auditoría Superior capitalina (ASCM) emitiera 827 recomendaciones y determinara 192 probables promociones de acciones en su revisión de la Cuenta Pública 2025. De estas últimas, 17 son económicas y señalan recursos cuyo uso debe justificarse.
Seguridad y Mercomuna, entre las observaciones
Las dependencias del gobierno central concentran 142.9 millones de pesos observados; las entidades, 41 millones, y la alcaldía Tlalpan, 4.2 millones por trabajos de desazolve que no fueron comprobados. La ASCM aclaró que estos montos corresponden a posibles irregularidades pendientes de aclaración y no representan, por sí mismos, un daño acreditado al erario.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana acumula nueve de las 17 acciones económicas, principalmente por pagos en exceso de gas en centros penitenciarios y de justicia para adolescentes, donde no se justificaron los volúmenes suministrados frente a la capacidad de los tanques. También quedó pendiente acreditar que la limpieza de cisternas y tinacos se realizara en los horarios contratados. Por su parte, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana recibió dos acciones por inconsistencias en la entrega de vales y las transferencias a comercios del programa Mercomuna.
Alcaldías concentran 60% de las recomendaciones
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales recibió dos acciones económicas por irregularidades en contratos de limpieza, mientras que la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social tuvo una relacionada con reducciones fiscales. Entre las entidades, el Fideicomiso Centro Histórico y el Servicio de Medios Públicos registraron una acción cada uno, derivada de auditorías a adjudicaciones directas.
Las 16 alcaldías acumularon 496 recomendaciones y 85 probables promociones de acciones, 84 administrativas y una económica, correspondiente a Tlalpan. En conjunto, concentraron 54 de las 112 auditorías y 60 por ciento de las recomendaciones. Del total de observaciones, 728, equivalentes a 88 por ciento, derivaron de incumplimientos legales, como declaraciones de no conflicto de intereses presentadas después de los fallos, estudios de mercado incompletos, omisión de sanciones a proveedores y expedientes de pago sin documentación de respaldo.