En la colonia Pedregal de San Nicolás Tercera Sección, en Tlalpan, una funeraria señalada por operar sin permisos sanitarios continúa ofreciendo servicios pese a que la alcaldía ha colocado sellos de clausura en tres ocasiones. El establecimiento, identificado como APIS JR Funerales, Funerales APIS y Velatorios APIS, se ubica en la calle Kopoma 254 Bis, donde vecinos denuncian el ingreso de cadáveres, velaciones y presuntas cremaciones en condiciones que consideran un riesgo para la comunidad.

Clausuras que no detienen la operación

De acuerdo con la investigación de Reporte Índigo, la primera suspensión ocurrió el 25 de julio de 2025. Sin embargo, los sellos fueron retirados en octubre de ese año y nuevamente en marzo de 2026. El 7 y 10 de octubre pasados, el inmueble volvió a albergar servicios funerarios. Durante una intervención policial, los encargados no pudieron presentar el certificado médico de defunción ni acreditar la procedencia legal de uno de los cuerpos. Además, el negocio no aparece inscrito en el Registro Público de Contratos de Adhesión de la Profeco, como establece la normativa para estos servicios.

La preocupación vecinal se centra también en las condiciones del inmueble, que, según los testimonios recabados, permanece en obra negra, sin áreas de desinfección, ventilación regulada ni sanitarios básicos. Los habitantes reportan traslados de cuerpos en camionetas adaptadas, manipulación sin equipo de protección y uso de ataúdes reciclados. También expresaron sospechas de cremaciones clandestinas debido al humo y los malos olores durante la madrugada; sin embargo, estas prácticas no han sido confirmadas por las autoridades. Los vecinos relacionaron además la situación con un brote de varicela registrado en la calle, aunque no se ha acreditado un vínculo entre ambos hechos.

Denuncias sin respuesta sanitaria

La investigación señala que la Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Tlalpan confirmó que el predio carece de registro de alineamiento y manifestación de construcción. Pese a que los vecinos presentaron una denuncia ante la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa) el 19 de octubre de 2026, esta no había realizado una visita de verificación al momento de la publicación. El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) tampoco había dictado medidas cautelares ni ordenado el aseguramiento del inmueble, pese a que recibió documentación adicional sobre el caso.