La primera comparecencia del gabinete de Clara Brugada ante el Congreso capitalino puso sobre la mesa una diferencia importante: atender un problema no necesariamente significa resolverlo. César Cravioto, secretario de Gobierno, defendió este martes el diálogo como principal herramienta de gobernabilidad, mientras legisladores de oposición cuestionaron los resultados concretos de su gestión.

Uno de los asuntos centrales fue el despojo de inmuebles, un problema que puede dejar a las familias sin acceso a su patrimonio y enfrentarlas a largos procesos para recuperarlo.

Cravioto informó que las autoridades revisaron 2,074 expedientes, de los cuales 468 fueron clasificados como casos de despojo; los demás correspondían a asuntos de otra competencia. También reportó 146 inmuebles restituidos, 77 asegurados y 18 casos en los que se impidió el despojo en flagrancia.

Recuperar un inmueble no siempre significa cerrar el conflicto

Las cifras muestran acciones concretas, pero no permiten saber cuántas familias han recuperado definitivamente la seguridad sobre sus propiedades. Los expedientes revisados, los inmuebles asegurados y las restituciones corresponden a distintas etapas de atención y no pueden compararse directamente.

Durante la comparecencia, diputados del PAN pidieron precisar cuántas restituciones cuentan con resoluciones firmes que garanticen certeza jurídica a los afectados.

Más diálogo frente a las protestas y los conflictos sociales

En una ciudad marcada por marchas, concentraciones y bloqueos, Cravioto sostuvo que el diálogo ha sido la principal herramienta para atender las demandas sociales. Informó que las mesas de trabajo aumentaron 50% respecto al año anterior y que, según el Gobierno, dos de cada tres manifestaciones transcurrieron sin afectar a terceros.

En materia de comercio en vía pública, reportó la liberación de 12 calles del Centro Histórico y una reducción de 236 a 85 puestos ambulantes en la Alameda Central desde octubre de 2025, equivalente a cerca del 64%.

Desde la oposición se cuestionó que la eficacia de la Secretaría de Gobierno se mida por el número de reuniones realizadas, sin precisar cuántos conflictos encuentran una solución.

La comparecencia abrió así una discusión que va más allá de los informes administrativos. En casos como el despojo, el resultado que importa no es cuántos expedientes revisó el Gobierno, sino cuántas personas recuperaron su patrimonio con certeza jurídica.