Una denuncia por presuntas agresiones contra mujeres trans en las inmediaciones del Hotel Maga terminó por llevar el conflicto hasta las puertas de la alcaldía Cuauhtémoc. La protesta del viernes 9 de octubre dejó momentos de confrontación, daños materiales y nuevas denuncias de violencia, pero también dio paso a una mesa de diálogo y a una orden de verificación administrativa del establecimiento señalado.

El origen se remonta al martes 6 de octubre, cuando integrantes de la colectiva TRASUIX realizaban una jornada comunitaria de salud sexual en el corredor de Calzada de Tlalpan. Las participantes denunciaron que fueron agredidas y amenazadas, además de sufrir daños en materiales utilizados durante la actividad. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía capitalina, responsable de investigar y determinar posibles responsabilidades.

La protesta frente a la alcaldía Cuauhtémoc

El viernes, mujeres trans y trabajadoras sexuales se movilizaron hasta la sede de la alcaldía para exigir justicia y solicitar una revisión del Hotel Maga.

Durante la manifestación se registraron pintas, daños a cristales y mobiliario, así como enfrentamientos entre manifestantes y personal de seguridad. También surgieron denuncias de agresiones contra participantes de la protesta y periodistas que cubrían los hechos. Estas acusaciones requieren investigación para esclarecer las circunstancias y las responsabilidades correspondientes.

La movilización también puso sobre la mesa otras demandas relacionadas con espacios de trabajo, alternativas de vivienda y acceso a servicios comunitarios, ampliando el alcance de la protesta más allá del incidente original.

Cuauhtémoc ordena verificar el Hotel Maga y abre diálogo

Ante las demandas, la administración de la alcaldía Cuauhtémoc informó que emitió una orden de verificación administrativa para revisar las condiciones de operación del Hotel Maga y estableció una mesa de diálogo con representantes de las manifestantes.

La intervención administrativa es independiente de la investigación penal que corresponde a la Fiscalía. La orden de verificación tampoco implica, por sí misma, que se hayan acreditado irregularidades en el establecimiento.

El caso deja abiertas dos vías de atención: el esclarecimiento de las agresiones denunciadas y el seguimiento de los compromisos establecidos entre las manifestantes y las autoridades locales.

La respuesta institucional ya comenzó, pero el resultado dependerá de las investigaciones, la verificación del establecimiento y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.